El Gobierno destinará, entre 2021 y 2023, un total de 63 millones de euros para hacer accesible la Administración General del Estado a las personas con discapacidad, tanto sus instalaciones e infraestructuras, como sus webs o información.
Esta cuantía forma parte de una partida de 157,5 millones de euros con la que el Ejecutivo tiene previsto financiar, dentro del Plan de Resiliencia y Recuperación, a el llamado Plan España País Accesible, y que reparte estos millones de euros en distintas actuaciones, así como entre la administración central y las comunidades autónomas.
En cuanto a la distribución del dinero por años, el Ejecutivo planea destinar 38,3 millones de euros a esta iniciativa en el presente año y 57,8 millones en 2022, dejando 61,4 millones para las actuaciones del ejercicio de 2023.
Según ha explicado el equipo de la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, que este miércoles ha presentado este plan, esta iniciativa para la accesibilidad espera contar a partir de 2024 con financiación del Fondo Social Europeo. En concreto, para desarrollar una de las propuestas que se incluyen en el Plan y que es la creación de un Centro de Accesibilidad Cognitiva.
Este centro, con el que se pretende crear un espacio de encuentro y colaboración entre los agentes sociales, contará con un 1,5% de los 63 millones con los que cuenta el Gobierno para invertir en esta partida.
94 MILLONES PARA LAS AUTONOMÍAS
El resto de dinero del que dispone el Ejecutivo se dispondrá para mejorar de la accesibilidad sensorial, física y cognitiva en los edificios públicos, así como en las páginas web y aplicaciones móviles pertenecientes de la Administración; la sensibilización sobre la necesidad de diseñar entornos, productos, bienes y servicios accesibles; la formación a los profesionales; o la realización de estudios la I+D+i, sobre esta materia, entre otros.
Por otra parte, el Gobierno ha informado de que las autonomías han remitido un presupuesto de 94 millones de euros para la realización de proyectos de distinta naturaleza relacionados con la accesibilidad universal, como la supresión de barreras físicas, sensoriales y cognitivas en los servicios prestados por las administraciones autonómicas y locales, especialmente en servicios sociales y sanitarios; así como en el acceso a los espacios de carácter público.
Esta cifra, indica el documento, es la suma de los costes estimados proyecto por proyecto. De media, esta cifra supone 5,5 millones de euros por comunidad autónoma.
