La futura ley de atención residencial de Castilla y León, que afecta tanto a mayores como a personas con discapacidad, eliminará las sujeciones físicas y biológicas salvo en casos extremos, establecerá un profesional de referencia y el gestor de caso y evaluaciones periódicas para vigilar la calidad de los centros y la atención, algo que irá concatenado con las inspecciones que se realizan.
Así lo ha señalado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, quien ha presentado el texto de la futura ley, que se somete a información pública desde este viernes durante el doble de plazo que el resto de textos en el Gobierno Abierto de la Junta, durante 20 días.
La consejera ha señalado que la ley se sustenta en tres ejes principales como son el de carácter ético por la protección de los más vulnerables que viven en estos centros (más de 41.500 personas) y el respeto a su propia proyecto de vida; la modernización e innovación con la adaptación a las nuevas tecnologías; y el hecho de que mire al futuro, ya que pretende ser novedosa y pionera, al ser la primera de de España, por lo que se ha hablado con el Gobierno central para que sirva de referencia.
El texto se basa en cuatro pilares principales que se concretan en el reconocimiento a la dignidad de la persona, la arquitectura y la organización de los centros, la calidad y la innovación y los profesionales.
El primer pilar, ha explicado la consejera, se centra en la persona, en que sea ella la que elija qué quiere hacer de manera autónoma y con qué apoyos quiere contar mediante su proyecto de vida. Para ello, en la elaboración del borrador, además de contar con grupos de trabajo y los diferentes interlocutores relacionados con el sector, se ha tenido en cuenta la experiencia del programa ‘En mi casa’, además de la experiencia en otros países como los nórdicos.
En este pilar se atiende también a la perspectiva ética, con la eliminación de sujeciones salvo en casos de extrema necesidad en que haya peligro para la integridad de la propia persona.
ORGANIZACIÓN
El segundo de los aspectos en los que se basa el texto es la arquitectura y la organización de los centros, que deberán distribuir sus estancias en tres áreas. La primera, de unidades de convivencia, contará con habitaciones -siempre individuales, salvo que por expreso deseo del usuario se les asigne uso doble- y zonas comunes -para cocina, comedor y sala de estar-. Estos ‘minihogares’ no podrán superar una ocupación máxima de 12 plazas, lo que permitirá gestionar posibles contingencias como la ocurrida con la COVID-19 pero también con cualquier otra que pudiera surgir.
A este respecto, la consejera ha incidido en que en Castilla y León ya están implantadas 200 unidades de convivencia (168 totalmente y 32 que lo harán próximamente), de las que una cuarta parte están en centros propios de la Gerencia de Servicios Sociales.
La segunda área serán los espacios comunes, reservados para equipamientos generales, y ahí se ubicarán la sala de actividades y las dependencias de dirección y administración. La tercera se habilitará para servicios generales, como la recepción y el control, o los de carácter hotelero, comunes a todo el centro.
Además, en el ámbito de la organización, se establece cómo deben ser su estructura y los programas de intervención, la atención sanitaria a través del sistema público de Castilla y León sin perjuicio de que pueda existir un médico en función de las ratio que se marquen en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales, que trabajará en esta materia y también definirá los tipos de profesionales y su cualificación, ha explicado Blanco.
NUEVAS FIGURAS
Un tercer pilar se refiere al ámbito del personal y los profesionales con los que deberán contar las residencias y crea dos nuevas figuras como son el profesional de referencia de atención residencial y el gestor de caso.
El primero de ellos es el encargado de garantizar la ejecución del proyecto de vida, de manera los residentes tengan siempre la misma persona de referencia, ha explicado la consejera, quien ha enmarcado esta figura en las unidades de referencia, en las que se pretende evitar la rotación actual de profesionales.
Por su parte, el gestor de caso tendrá como función principal optimizar la coordinación entre residentes, familia, el profesional de referencia y el resto de compañeros y estructuras del centro, así como la de promocionar las actividades en la comunidad.
Otro de los pilares es el de la calidad y la innovación, ha explicado Blanco Llamas, quien ha concretado que se implantará un sistema de obligado cumplimiento que permitirá hacer una evaluación permanente en la que se tendrán en cuenta diferentes parámetros como las ratio o la percepción de los usuarios.
Además, ha añadido que se hará un informe anual sobre la situación de todos los centros y se clasificarán con una baremación y se podrá conocer cuál es el más valorado, lo que será un «factor determinante» para elegir centro a la hora de acceder al mismo por parte de los usuarios pero también a la hora de concertar plazas.
Esto, ha aclarado la consejera, será un «complemento» a la inspección, que continuará con sus funciones habituales pero en el que también se avanzará mediante la innovación, ya que se apoyará en un sistema de información que recogerá datos en tiempo real y a distancia de los requisitos de obligado cumplimiento en materia de ratios de personal y cualificaciones, organización de los servicios o documentación obligatoria, entre otros aspectos.
A este tipo de innovaciones se sumarán otras iniciativas como el proyecto piloto para implantar robots en los centros residenciales para ayudar a los cuidados o un sistema de telemonitorización para conocer el estado de salud de los residentes en tiempo real.
La consejera ha señalado que tras la presentación de posibles alegaciones a través del Gobierno Abierto, las mismas se estudiarán y se incorporarán las que se consideren para después continuar los trámites con los informes perceptivos, tras lo que se baraja que la ley pueda aprobarse en el Consejo de Gobierno de la Junta a finales de año o principios de 2022 y después ir a las Cortes.
La ley, que llevará acompañada una memoria económica, establecerá plazos para la adaptación de las residencias, ya que muchas de ellas tendrán que hacerlo tanto desde el punto de vista arquitectónico como organizativo.
