La Audiencia Provincial ha rechazado el recurso presentado por el expresidente de Vox Melilla y actual diputado no adscrito Jesús Delgado Aboy contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, en la que se decretaba el sobreseimiento libre y el archivo de la querella contra tres de sus excompañeros, a los que acusaba de haberle grabado audios en los criticaba al líder de la formación nacional, Santiago Abascal, y la dirección de Vox España y de haber filtrado los mismos a la prensa, lo que le valió la expulsión del partido.
Así, la Sala VII de la audiencia, al igual que hizo en primera instancia el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, no considera que el anterior diputado de Vox Juan Carlos Escoz y su padre, y el actual parlamentario de la formación, Javier Da Costa hayan cometido un supuesto delito de descubrimiento de secretos, después de que Jesús Delgado Aboy les hubiera responsabilizado de la divulgación de unos audios contra Vox España que forzaron su cese.
El proceso, que se inició después de denunciar a sus excompañeros de estar presuntamente detrás de la difusión de las grabaciones de conversaciones en las que arremetía contra Vox España y Abascal diciendo que su ya expartido está «para el lucro de cuatro personas» y que el «único cometido» de la dirección nacional es «recaudar, recaudar, recaudar y recaudar», ha terminado el sobreseimiento de la causa.
En el auto, los tres jueces de la Sala VII de la Audiencia Provincial «desestiman íntegramente el recurso» de Jesús Delgado Aboy, tras subrayar que «el relato de hechos de la querella es tan escueto como genérico, caracterizándose por su vaguedad a la hora de describir lo ocurrido». En resumen, según añade la Audiencia, «se viene a decir que el querellante y los querellados serían miembros de la coordinadora del partido Vox, de modo que, siendo el querellante diputado, que, aunque en la querella no se dice, hay que suponer que, en la Asamblea de Melilla, Javier Da Costa Solís, ambicionaba ocupar su plaza en el caso de que Jesús Delgado fuera ‘defenestrado’, mientras que Juan Carlos Escoz García, como financiador de la campaña, deseaba, recuperar su inversión.
Además, los magistrados apuntan que «la querella mantiene que los tres querellados, actuando de común acuerdo, grabaron ‘de forma secreta y claramente ilegal’, todas las reuniones que se llevaban a cabo de forma continuada, manipulando las conversaciones y enviándolas a Vox a Madrid vendiéndolas a distintos medios» nacionales «con la intención de difamarle y hacerse con el control del partido».
RECUPERAR EL DINERO INVERTIDO
Además, añade la sentencia de la Sala VII, «se dice que Javier Da Costa Solís y Juan Carlos Escoz García exigieron al querellado (debería decir al querellante), 8.000 euros para recuperar el dinero supuestamente invertido en la campaña y 1.000 euros a los cinco primeros candidatos de las listas y si llegaban a puestos de gobierno 2.000 euros mensuales hasta compensar su inversión, aunque tan solo la número cuatro de las listas Elvira Hervás ingresó sus 1.000 euros».
Asimismo, prosigue apuntando que en la querella se menciona que «los enfrentamientos del querellante con los querellados fueron continuos y Vox Madrid, por los delicados momentos y la incertidumbre política, no actuó en su momento y evitó toda esta ordalía».
Además, en la querella se añade que «aparecen en los hechos, grabaciones ilegales, manipulación de las mismas, venta de las grabaciones para su publicación y difusión de estas, requerimientos económicos injustificados con actitudes amenazadoras, afán de lucro y ataque al honor y a la dignidad del querellante con graves consecuencias».
Sin embargo, el tribunal destaca que «no se concreta cuándo se han realizado las grabaciones, en qué fechas, los medios utilizados, cuál es el contenido de las mismas, en que fechas se habrían divulgado por los medios, en qué habrían consistido las manipulaciones ni cómo afectan al querellante», por lo que acuerdan rechazar el recurso del expresidente de Vox Melilla y actual diputado no adscrito en la Asamblea melillense.
