Amnistía Internacional (AI) ha mostrado su preocupación sobre las «malas condiciones de acogida» en los centros de emergencias en los que se están quedando migrantes y solicitantes de asilo, principalmente en Tenerife y Fuerteventura.
«En relación a la situación en Fuerteventura y Tenerife nos preocupa confirmar las informaciones sobre las malas condiciones de acogida en los centros de emergencias en los que se están quedando miles de personas migrantes y solicitantes de asilo», señala en un comunicado.
Todo ello, después de que una delegación de AI visitara durante esta semana las islas de Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, y se entrevistaran con migrantes y solicitantes de asilo, así como con autoridades estatales, autonómico e insular, además de fiscalías territoriales, colegios de abogados y organizaciones.
Al respecto, la investigadora de la organización, Virginia Álvarez, ha indicado que en adelante emitirá un informe más completo. De todos modos, ha indicado que no han podido visitar los macrocentros de El Matorral en Fuerteventura y Las Raíces en Tenerife porque se les «denegó el permiso alegando motivos sanitarios», si bien ha matizado que han recabado información que «confirma las graves carencias que tienen, que no garantizan en muchos casos una acogida en condiciones dignas».
Por ello, han considerado «urgente» que se tomen medidas para garantizar que estas personas tengan acceso a condiciones de vida «digna y que se vele tanto por su bienestar físico como mental». Asimismo, entienden que «no puede ser una excusa» impedir la monitorización de estos centros por parte de organizaciones de derechos humanos, «un escrutinio que debe ser siempre posible, adoptando las medidas sanitarias adecuadas».
Por otro lado, AI ha señalado que es «especialmente alarmante» observar las condiciones en las que está el lugar donde las personas que han dado positivo en la Covid-19 y sus contactos directos pasan la cuarentena en Fuerteventura.
En este sentido, indican que la conocida como ‘Nave del Queso’ –en Fuerteventura–, es un lugar que «no reúne las mínimas condiciones sanitarias necesarias» atendiendo a las imágenes y a los testimonios a los que ha tenido acceso la organización.
AI ha asegurado que «hombres, mujeres y niños permanecen en condiciones deleznables, sin mínimas medidas de higiene, privadas de libertad, hacinados, en unas circunstancias que para la organización podrían considerarse de infrahumanas». A ello, añaden, que tienen testimonios que «revelan que algunas de estas personas han permanecido en esta situación hasta un mes».
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Por otro lado, desde AI se ha señalado que seguirá recavando información sobre el acceso a información y procedimientos de protección internacional «sin ningún tipo de discriminación y sobre la situación de personas que pueden estar en especial vulnerabilidad», tales como mujeres que han sido víctimas de violencia de género, posibles víctimas de trata, menores no acompañados, personas LGBTI, personas que han sufrido algún tipo de tortura, así como familias monomarentales y monoparentales con menores.
En este sentido, claman que es «urgente» que los recursos habilitados para estas personas garanticen una atención especializada.
En cuanto a los menores, AI considera que las autoridades deben evaluar si se están adoptando las medidas «adecuadas que garanticen» el bienestar integral que todo menor requiere «sin ningún tipo de discriminación», ya que exponen que «muchos han pasado por experiencias traumáticas y siguen viviendo con ansiedad» tanto cuando están con sus familias como cuando están solos ante la «incertidumbre y las difíciles condiciones por las que siguen pasando».
Para la organización, la pandemia «no puede ser utilizado como justificación para negar» el derecho al ocio o las actividades recreativas y educativas de los menores, ya que ha apuntado Álvarez «todos los niños y niñas deben tener acceso a los mismos derechos».
En este sentido, AI se suma a la petición de otras organizaciones de buscar soluciones duraderas para los menores no acompañados en las que prime el principio del interés superior del menor, debiendo considerarse su traslado a recursos «adecuados, ya sea en Canarias o en cualquier otra comunidad autónoma», para lo que entienden «es imprescindible» impulsar mecanismos de corresponsabilidad interterritorial.
VISITA A GRAN CANARIA
Actualmente, la delegación de AI se encuentra visitando los centros de Gran Canaria, donde sí han podido acceder al Canarias 50, calificando como «positivo» el que se hayan realizado «mejoras en relación a la acogida de estas personas» aunque ha considerado que debe dotarse «de suficiente personal» para asegurar que se cubre su derecho a información, asistencia letrada o psicológica si la requieren.
Asimismo, entienden que «es necesario una mayor coordinación» entre las diferentes administraciones, tanto a nivel estatal como autonómico y local, «asegurando criterios homogéneos que eviten la arbitrariedad en las distintas fases de atención y protección a las personas migrantes y refugiadas, especialmente para aquellos casos en los que se están llevando a cabo buenas prácticas».
Por último, también han puesto en valor las iniciativas ciudadanas y vecinales que están surgiendo para apoyar (y, en ocasiones, suplir, las carencias del sistema) a las personas migrantes y solicitantes de asilo.
«Canarias es otro ejemplo más del fallo de este modelo de acogida que revictimiza a las personas migrantes y solicitantes de asilo y que solo provoca desamparo, ansiedad ante la incertidumbre, y abandono institucional», apostilló Álvarez.
