El PP ha planteado en el Congreso de los Diputados no aplicar hasta un plazo máximo de dos años las obligaciones sobre cobertura de costes en la nueva ley de cadena alimentaria, con el fin de alcanzar un consenso para su aplicación.
Así, según las enmiendas registradas en la Cámara Baja a este proyecto, los ‘populares’ plantean modificaciones para reconocer estos costes y obligar a pagar un precio igual o superior al coste incurrido, pero también retrasar su aplicación.
La entrada en vigor, propone el PP, se condiciona a la aprobación en el Congreso de un informe sobre el impacto de estos artículos sobre el funcionamiento en la cadena de suministro y la competitividad de las explotaciones agrarias y su incidencia en el sector pesquero.
El PP argumenta esto por «la clara oposición que se detecta entre muchos sectores productivos al establecimiento de una regulación de los precios del contrato que ignore la realidad del mercado».
Así, asegura que esta obligación de cubrir el coste efectivo de producción «no resuelve el problema de los bajos precios a los agricultores, porque el comprador no está obligado a adquirir los productos, ya que dispone de una amplia oferta en España y fuera de ella».
También señala que la fijación del precio debe considerar también otros elementos, como la situación del mercado, el volumen entregado o su calidad; que el planteamiento perjudica a explotaciones con mayores costes y que existen «innumerables» circunstancias en las que el precio del mercado puede estar por debajo de los costes de producción.
RESTRICCIÓN DE LA VENTA A PÉRDIDAS SEGÚN EL COMERCIO MINORISTA
Por otro lado, otra de las modificaciones propuestas por el PP es la restricción de la venta a pérdidas según lo dispuesto en la regulación del comercio minorista, pues consideran que es en esta Ley donde se regula esta competencia.
También proponen cambios en esta ley, con el fin de condicionar la prohibición de estas ventas a pérdidas a que sean consideradas desleales, cuando haya un precio «desproporcionadamente bajo» respecto al valor medio del conjunto de marcas presentes, o la práctica de ‘publicidad señuelo’.
Esta supone ofrecer productos sin justificar los motivos que pueda tener para pensar que no estará en condiciones de ofrecer dichos productos, o equivalentes, a ese precio durante un período y en cantidades razonables.
SE AGOTA EL TIEMPO PARA TRASPONER LA DIRECTIVA
Por otro lado, el PP critica que el Gobierno buscaba con esta reforma trasponer la normativa europea sobre prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario, y el plazo para hacerlo se agota el próximo 1 de mayo.
Ante ello, lamentan que este retraso, que atribuyen a «la dejadez del Gobierno», puede suponer «multas millonarias a España que acabarán pagando los agricultores y ganaderos». Todo ello en una norma que, abunda el PP, no cuenta con «acuerdo» entre las formaciones del Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, que presentan sus enmiendas por separado.
«Pocas veces una norma concita tanto rechazo por parte del sector implicado», asevera el PP, asegurando que en las cerca de treinta comparecencias en el Congreso con motivo de la tramitación de dicha norma, representantes del sector pesquero, del lácteo, de la fruta, del plátano, del aceite, del vino, entre otras, «manifestaron la necesidad de quedar al margen de la aplicación de la norma por la incapacidad de esta ley de solventar sus problemas, que los agrava».
