El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que el Gobierno «ha de tener claro» que deberá retirar su propuesta de reforma de jubilaciones anticipadas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones liderado por José Luis Escrivá, en el que se prevé penalizar las jubilaciones anticipadas.
En una entrevista en Cadena Ser Catalunya este lunes, Álvarez ha recordado que el 80% de las personas que se jubilaron en 2019 lo hicieron desde el paro y que estas personas, aunque se les intente incentivar para retrasar la jubilación, «no les quedará más remedio que adelantarla», por lo que se deben mantener las condiciones actuales.
Sin embargo, el secretario general ha añadido que tienen una buena perspectiva de futuro sobre las reforma de pensiones porque el texto que se enviará a Bruselas todavía es genérico y caben propuestas en las mesas que siguen abiertas: «Quedan posibilidades de negociación», ha subrayado.
Según el sindicalista, retrasar la jubilación de manera voluntaria poniendo más dinero no tiene «mucho sentido» y no solucionará la situación, y ha apuntado que lo que se debería hacer es crear empleo.
12.000 EUROS
Sobre las compensaciones de hasta 12.000 euros para aquellos que tarden más en jubilarse, Álvarez ha apuntado que eso solo sucederá en «casos extremos», dado que la mayoría de gente se quedaría en una cifra muy inferior por nivel de ingresos.
Según él, «lo importante es modificar el mercado laboral» porque actualmente está muy ligado al sector de la hostelería y el turismo, lo cual genera puestos de trabajo temporales y de baja calidad.
Álvarez también ha expresado la importancia de derogar la reforma laboral del PP, para la que habrá movilizaciones el 1 de mayo y, sobre las voces que apuntan a una simple reforma ha dicho que pueden decir «lo que quieran».
FONDOS EUROPEOS
Sobre el plan de recuperación de los fondos ‘Next Generation EU’, ha añadido que el plan del Gobierno está bien enfocado y que es una oportunidad para hacer una transformación que vaya más allá, con reformas en educación, formación profesional, servicios públicos, industria, transporte y telecomunicaciones.
Todavía está por ver, según Álvarez, si se tendrá en cuenta a los sindicatos y patronales para la evaluación de todos los proyectos y si éstos serán tractores de las pequeñas y medianas empresas.
También ha criticado que «es el peor momento» para que Cataluña no tenga un gobierno funcional porque considera que no se puede perder la oportunidad de impulsar las empresas catalanas con los fondos europeos.
