Organizaciones feministas, españolas e internacionales, han iniciado acciones para denunciar ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, «las maniobras de quienes tratan de usar» a la propia ONU para inducir a los Estados a «eliminar el sexo como categoría jurídica a considerar en las políticas» sobre la desigualdad entre mujeres y hombres.
Según ha informado la Alianza contra el Borrado de Mujeres, participante de estas acciones, se ha enviado una misiva a Bachelet, denunciando, en concreto, las maniobras del experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género de la ONU, Víctor Madrigal-Borloz, que consideran uno de los promotores de esta «doctrina».
A juicio de las organizaciones, la teoría de Madrigal-Borloz registra una «manifiesta voluntad» de «orientar» hacia «una nueva concepción del derecho sobre la base de categorías tan imprecisas y acientíficas como la ‘identidad de género'».
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres denuncia que se «ignoran» derechos de las mujeres y las niñas «para priorizar los ‘nuevos’ y ‘especiales’ derechos que reclaman algunos colectivos LGTBQ en materia de eliminación de la categoría jurídica ‘sexo'».
COMPROMETE LA CREDIBILIDAD DE LA ONU
Las organizaciones de mujeres señalan a Bachelet que la gravedad de estos hechos requeriría «la inmediata retirada del llamado a contribuciones por parte de la Alta Comisionada» y «la urgente evaluación sobre la ética, competencias e intereses a los que responde el trabajo de Madrigal-Borloz».
A su juicio, el trabajo de este expero «compromete la credibilidad de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos» y «la dignidad de todas las mujeres y de la infancia».
Fuentes de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, han anunciado que buscarán canales para explicar a Bachelet, a otros dirigentes de organismos internacionales y a los Estados miembros, las consecuencias que tiene, particularmente para las mujeres, el reconocimiento de la subjetividad que construye la jerarquía sexual, como categoría jurídica aceptable, aunque no pueda ser verificable.
Igualmente han denunciado que se utilicen las legítimas aspiraciones de igualdad de derechos de las personas LGTBI como parapeto para introducir reformas legales que, a su juicio, «nada tienen que ver con esas aspiraciones, pero que cuestionan incluso el conocimiento científico de la realidad».
