Greenpeace ha expresado su «preocupación» ante el anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de renovar la licencia de la central nuclear de Cofrentes, propiedad de Iberdrola, hasta su cierre en 2030, desoyendo así las peticiones de sus socios de Gobierno (Unidas Podemos) y del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que reclaman su cierre.
«Desde el punto de vista de la seguridad de suministro, es viable cerrar todas las nucleares y las térmicas de carbón antes de 2025», señala en un comunicado.
La organización ecologista considera que «el cierre nuclear programado no debería ser solo una decisión empresarial, porque las personas son el centro de un sistema eléctrico eficiente y 100% renovable y la consulta pública es obligatoria en materia nuclear».
En segundo lugar, añade que «el cierre nuclear es una oportunidad para el empleo y la economía y puede y debe favorecer el empleo sostenible y justo y la economía local. En este sentido, «el desarrollo de planes de inversión local, la transición energética prioritaria en estas comarcas, junto con el cierre nuclear es una oportunidad única».
Y además, Greenpeace señala que los costes de los residuos radiactivos, y de los riesgos de accidente, deben ser asumidos por las empresas y no por la sociedad, «y aumentando su vida operativa se aumentan ambos».
«Sabemos que las nucleares están envejecidas y no son necesarias para mantener la seguridad de suministro y, sin embargo, a todas les están renovando sus licencias, sin participación pública ni ninguno de los criterios que hoy se exigen para cualquier instalación energética por pequeña y renovable que sea», ha declarado la responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, Raquel Montón.
