El Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha encausado a 17 personas por la trama de las eólicas por posibles delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y pertenencia a organización criminal.
Casi tres años después de que se iniciaran las diligencias, periodo en el que se han sucedido las declaraciones de investigados y testigos, el instructor ha dictado auto de imputación contra los 17 investigados, entre ellos Rafael Delgado, viceconsejero de Economía entre 2003 y 2007 y secretario general entre 2007 y 2011; los hermanos Alberto y Francisco Esgueva y Germán Martín Giraldo, todos ellos también encausados en el denominado caso de ‘La Perla Negra’ pendiente de fecha de juicio.
El instructor, además, abre una pieza separada para proseguir con la investigación contra Alberto Esgueva y Germán Martín Giraldo por el presunto desvío de fondos «bien a otras sociedades no residentes, bien con destino desconocido, fuera de España y de las que resultan ser beneficiarios finales».
En la misma resolución, el juez, archiva las diligencias contra tres investigados: Gabriel Ángel Jiménez Martínez, Xabier Viteri Solaum y José Pérez Arizaga, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Junto a los ya citados Delgado, los hermanos Esgueva y Martín Giraldo figuran también como investigados el abogado y supuesto testaferro del primero, Jesús Rodríguez Recio; el empresario Marc Nodelar, de Solar Land Word SL; el también industrial y director general de Deportes de la Junta hasta 2003 y cofundador de Villardefrades Eólica, Andrés Martín de Paz; Ricardo Bravo, representante de Ibercyl, filial de Iberdrola Renovables; los hermanos Patricio, Alejandro y Miguel Ángel Llorente, de la empresa Collosa; el también empresario César Hernández Chico; Carlos Galdón Cabrera, propietario de Avanzalia Solar; María del Mar Moreno Fernández, esposa de Alberto Esgueva; Manuel Ordóñez, exdirector de Energía y Minas de la Junta; Rafael Icaza, de Ibercyl, y Pedro Barriuso, de Biovent.
La supuesta ‘trama eólica’ tiene su origen cuando la Junta de Castilla y León entendió que el sector de las energías renovables y particularmente el eólico era un sector que facilitaba la diversificación de actividades para las empresas de la Comunidad Autónoma, regulado y con un importante marco jurídico y retributivo estable, por lo que decidió favorecer una importante entrada de empresas de la Comunidad en las promotoras de parques eólicos.
De este empeño se encargó el principal investigado, el entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, junto con el fallecido Tomás Villanueva, que desempeñaba el cargo de consejero de Economía, y en plan ideado junto con Ricardo Bravo, responsable de una filial de Iberdrola.
EXIGIR LA PARTICIPACIÓN LOCAL
El plan consistía en exigir a los promotores cuyos parques poseían visos de obtener la autorización, bien por el avanzado estado de la tramitación de sus expedientes bien por hallarse en zonas donde no había competencia con otros proyectos, ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que debía ser próxima al 40%.
El paso siguiente era seleccionar y favorecer a empresas pertenecientes a personas con las que tenían una especial relación, como Alberto y Francisco Esgueva, Andrés Martín de Paz, Germán José Martín Giraldo o los hermanos Miguel Ángel, Alejandro y Patricio Llorente, para que les fuera transferida una importante participación en parques cuya autorización se había previsto.
Con el fin de lograr su propósito Rafael Delgado, siempre según el auto del instructor, indicó al director General de Energía y Minas, Manuel Ordóñez , que elaborara una instrucción para que, a partir de la misma, las resoluciones de autorización administrativa del anteproyecto de la instalación no fueran dictadas por los respectivos jefes de los servicios territoriales a quienes correspondía legalmente y le fuera conferida a él la potestad de otorgarlas.
Hasta que no estaba garantizada la participación no se autorizaban los parques eólicos. Y para justificar esta paralización Rafael Delgado decidió crear una nueva fase en el procedimiento administrativo denominada competencia por evacuación que sólo superaban aquellos parques que incluían un socio local, y es a partir de ahí donde el auto detalla todo aquellos empresarios a los que Delgado benefició con la autorización de las tramitaciones.
Entre los más beneficiados figura el empresario Alberto Esgueva, quien a raíz de un convenio suscrito en 2004 entre San Cayetano Wind SL. e Iberdrola que le reportó nada menos que 47 millones de euros, y ello a cambio solo de una mínima inversión de 24.000 euros tras vender a la eléctrica su participación en Energía Global Castellana.
Hace ya casi tres años Instrucción 4 abrió una investigación sobre supuestas ‘mordidas’ por importe de más de 80 millones de euros por parte de altos y exaltos cargos de la Junta de Castilla y León y empresarios por la agilización en la tramitación de parques eólicos en la Comunidad en el periodo 2000-2015.
En esas pesquisas llegó a figurar investigada una veintena de personas, entre exaltos cargos de la Junta, técnicos y empresarios, por delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización o grupo criminal.
Una vez dictado el auto, el instructor da traslado de las diligencias previas originales o mediante fotocopia al Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras para que en el plazo común de treinta días soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias en el caso previsto en el apartado 2 del mismo artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
