La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha censurado este miércoles la conducta del rey emérito, al asegurar que, «para afear» su comportamiento» no es necesario «deslegitimar» el trabajo de la Agencia Tributaria porque la «conducta» de Juan Carlos I «se reprocha sola». Además, aunque no ha dicho directamente si Hacienda está ya investigando las regularizaciones realizadas por el padre de Felipe VI, sí ha dejado claro que la Agencia Tributaria «tiene que comprobar que las regularizaciones son completas y veraces» en todos los casos.
Así lo ha señalado Montero en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde ERC y Bildu han aprovechado sendas preguntas genéricas para interrogarla sobre las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo ante las dos regularizaciones realizadas por el rey emérito en el último trimestre.
Montero ha insistido en que la conducta fiscal de quien fuera jefe del Estado durante cerca de 40 años cuenta «con el rechazo del Gobierno y del conjunto de la sociedad», pero ha pedido que no se utilice su comportamiento para poner en cuestión el trabajo de la Agencia Tributaria, a la vez que ha negado que exista un «trato de favor» hacia la Corona por parte de este organismo.
OTRAS 310 REGULARIZACIONES FUERA DE PLAZO EN 2020
La portavoz adjunta de ERC, Carolina Telechea, ha preguntado a la también portavoz del Gobierno cuántas regularizaciones por más de un millón de euros se han realizado en el último año. Tras precisar que como «regularizaciones» se entienden las declaraciones realizadas fuera de plazo, también llamadas «autoliquidaciones», Montero ha señalado que las «declaraciones extemporáneas» ascendieron a 311 en 2020, pero sin precisar si todas ellas superaban el millón de euros.
La republicana ha negado que todos los españoles sean «iguales ante la ley», ha preguntado por el origen de la «fortuna» del ex jefe del Estado y ha acusado al Gobierno de «connivencia» para «limpiarla».
«Por lo visto, Hacienda no somos todas», ha dicho, denunciando que, además de los 8,4 millones que recibe Zarzuela este año de los Presupuestos, también se beneficia de otras partidas «opacas» como el pago de las nóminas del «séquito» de Juan Carlos I en Emiratos, de las indemnizaciones por despido a la tripulación del yate ‘Fortuna’, del mantenimiento de las casas en las que el emérito «pasaba su tiempo con Corinna Larssen» y el pago los seguros de los coches de lujo que se usan en la institución.
Telechea ha resaltado que todo ese dinero sale de «Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de la Presidencia». «Es un agujero sin fondo que le sirve a la Monarquía para pagar sus fiestas. No sólo pactan su fuga sino que le pagan el servicio y los lujos», ha enfatizado la republicana, quien también ha pedido cuentas por la vacunación de las infantas Elena y Cristina en Emiratos. «¿No se les cae la cara de vergüenza? En lugar de perseguir a monarcas corruptos, persiguen a demócratas por un referéndum», ha concluido.
La ministra ha recriminado a ERC su intención de hacer ver que la Agencia Tributaria actúa distinto en función de quién sea el contribuyente y le ha dejado claro que no es así. «Para afear la conducta de Juan Carlos I no tiene por qué deslegitimar el trabajo de la Agencia Tributaria. Esa conducta se reprocha por si sola y cuenta con el rechazo del Gobierno y del conjunto de la sociedad», ha sentenciado la portavoz gubernamental.
NO USEN A HACIENDA PARA ATACAR AL REY
«Si quieren atacar a las instituciones del Estado háganlo, pero no a través de la descalificación del trabajo de los excelentes profesionales que persiguen el fraude fiscal», ha abundado Montero, insistiendo en que es «falso» que haya «trato de favor» hacia la Casa Real.
«Respetamos la Constitución y las instituciones del Estado y, por supuesto seguimos persiguiendo a través de las instituciones cualquier irregularidad o desviación de la norma la protagonice quien la protagonice», ha aseverado la ministra de Hacienda.
Similares argumentos ha empleado para responder al diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, al que ha dejado claro que «nadie está por encima de la norma ni los procedimientos» de la Agencia Tributaria, que, según ha recordado, actúa como «auxilio judicial» si se le pide y también por propia iniciativa cuando entiende que se puede haber producido una irregularidad o que una actuación «tiene consecuencias» para la hacienda pública.
