Las primeras investigaciones apuntan que los abusos sexuales presuntamente sufridos por una niña de 4 años, en manos ya de la Justicia vallisoletana y denunciados tras serle diagnosticada una enfermedad venérea en una consulta médica, pudieron cometerse durante un viaje de la menor con su progenitora.
La investigación, en manos de Instrucción 6, se inició el pasado 26 febrero después de que el hospital, al que acudió la niña acompañada de su madre, pusiera los hechos en conocimiento del Juzgado mediante una llamada telefónica. Inmediatamente, el órgano judicial ofició a la Fiscalía y a la Policía para que se practicaran las diligencias oportunas encaminadas al esclarecimiento de los hechos.
El informe forense recibido en el Juzgado sólo recoge la enfermedad de transmisión sexual; no aprecia ninguna otra lesión en la menor. El Juzgado que instruye la causa no ha recibido ninguna otra llamada telefónica comunicando la existencia de una segunda atención médica a la menor. Tampoco se ha recibido ningún otro parte médico. De modo que al Juzgado instructor sólo le consta la primera asistencia sanitaria en la que se le diagnostica a la menor la enfermedad de transmisión sexual.
De las primeras indagaciones se desprende que los hechos investigados pudieron ocurrir en el extranjero, durante un viaje en el que la niña acompañó a su progenitora para visitar a otras personas. El sospechoso, pareja sentimental de la madre, reside en América, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
INHIBICIÓN EN FAVOR DE LA AUDIENCIA NACIONAL
Por tal motivo, el pasado viernes, la magistrada instructora dio traslado a la Fiscalía para que emitiera un informe ya que, de haberse producido los hechos fuera de España, el Juzgado de Valladolid no sería competente para investigarlos y tendría que inhibirse en favor de la Audiencia Nacional.
Entretanto, la jueza, a petición de la Fiscalía, ha oficiado a la UFAM de la Policía Nacional para que practique más diligencias y amplíe la investigación. Igualmente, se ha dirigido a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, administración a la que compete la protección de cualquier menor sin que sea necesaria la petición de un juez, para que completen la información y remitan un informe sobre la situación familiar de la niña.
La Administración Autonómica, a través de los Servicios Sociales, tiene plena autonomía para intervenir ante casos de desprotección. Su actuación no requiere la intervención de un juez.
El Protocolo Sanitario de Actuación ante la Sospecha de Maltrato Intrafamiliar en la Infancia y Adolescencia aprobado por la Junta de Castilla y León en 2016 establece, en su página 31 y siguientes la forma de actuar en caso de riesgo por maltrato grave y desamparo.
«En estos casos, la primera actuación que se debe llevar a cabo es atender de forma inmediata aquellas lesiones que puedan poner en grave riesgo la salud del menor. Junto a esto, es prioritario asegurar la protección del menor en aquellos casos en que no exista figura familiar o de apego que pueda hacerse cargo del menor. Una vez realizada esta primera atención, se procederá a la notificación del caso que se realizará directamente a la Sección de Protección a la Infancia de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, junto con la comunicación del caso al trabajador social del centro sanitario. Además se realizará también: notificación telefónica al Juzgado de Guardia de todas aquellas situaciones que pueda motivar una posible causa judicial (maltrato físico, abuso sexual, etc) o cuando exista una situación de emergencia. Posteriormente, se enviará parte médico de lesiones».
