El administrador de Neurona Comunidad, Elías Castejón, investigado en la causa sobre la presunta financiación irregular de Podemos, ha defendido en una escrito enviado al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid que la mercantil española no se creó ‘ad hoc’ para contratar con la formación ‘morada’ durante la campaña electoral de 2019, sino que se constituyó como una extensión de «la sociedad madre mexicana» Neurona Consulting, donde ha situado el «núcleo de poder».
En un escrito del pasado 19 de febrero, avanzado por ‘ABC’, Castejón responde a las conclusiones a las que llegaron tanto el instructor Juan José Escalonilla como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y que plasmaron en un auto y un informe del pasado mes de noviembre en el marco de la pieza secreta del caso ‘Neurona’.
Escalonilla concluyó, en base a un informe previo de la UDEF, que Neurona Comunidad fue creada expresamente para firmar el contrato con Podemos para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, por valor de 363.000, sin disponer de «experiencia alguna previa en la prestación de tal tipo de servicios en el curso de una campaña electoral» ni de trabajadores. Así, el juez sospecha que en realidad fue un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas del partido.
Castejón, en cambio, ha asegurado que «la empresa no fue creada ‘ad hoc’ para la suscripción de dicho contrato». «Nada más lejos de la realidad», ha afirmado. Conforme a sus alegaciones, Neurona Comunidad «se encuentra vinculada a la sociedad mexicana Neurona Consulting» y «se creó para prestar los mismos servicios que dicha mercantil venía prestando en Latinoamérica extendiéndose a España».
En la misma línea, ha sostenido que, aunque no tenía empleados, «Neurona Comunidad sí desarrolló una actividad económica real: la propia que desarrollaban en México sus socios y dueños, constituyendo esta sociedad española para extender su actividad empresarial» a España, por lo que –ha aseverado– «el núcleo del poder de decisión permaneció siempre en la sociedad madre mexicana y en sus socios», ejerciendo el despacho de Castejón únicamente como «sede administrativa».
REMITE AL JUEZ A LOS DUEÑOS MEXICANOS
En consecuencia, el administrador de Neurona ha trasladado a los socios mexicanos, César Hernández Paredes y Andrea Edlin López, la responsabilidad de la decisión de subcontratar a otra empresa, la también mexicana Creative Advice, para que fuera esta última quien realmente hiciera los trabajos contratados por Podemos para la campaña electoral de 2019. «Las razones por las que se contrató con Creative habrán de ser preguntadas a los dueños», ha sugerido.
En cualquier caso, ha subrayado que «esta operativa era y es perfectamente lícita en el tráfico comercial», argumentando que «no es ilícito que una mercantil extranjera cree una sociedad española para su función comercial y que el negocio captado en España sea subcontratado con empresas de la confianza de la matriz extranjera».
Asimismo, la defensa de Castejón ha reivindicado que, en contra de lo que indicó la UDEF, «no es un testaferro». La hipótesis policial, en opinión del administrador de Neurona, es «irracional» porque, por un lado, «un testaferro no lo es de una persona jurídica sino de una persona física» y, por otro, porque la identidad de los socios fundadores de la filial española consta en el Registro Mercantil.
«Es evidente que mi representado no ha prestado su identidad ni tras él se oculta el nombre de los verdaderos interesados, esto es, los dueños de Neurona Comunidad», ha señalado, al tiempo que ha destacado que Castejón se dedica desde hace más de 30 años a «la gestión mercantil, fiscal y contable de empresas», una experiencia profesional a la que atribuye que Hernández y Edlin le contrataran para que ejerciera de «sede administrativa» de la mercantil española.
BAILE DE FECHAS
Por otro lado, Castejón ha querido aclarar el baile en las fechas del borrador y del contrato entre Neurona Comunidad y la coalición electoral Unidas Podemos. A este respecto, ha insistido en que el borrador no es del 27 de febrero de 2019, sino del 27 de marzo de ese año, y que la firma del texto definitivo se produjo el 28 de marzo, no el 6 de mayo.
La defensa ha atribuido a una «errata» la disparidad de fechas en el borrador. Según su versión, «es materialmente imposible» que fuera del 27 de febrero porque ese día no se había constituido la coalición electoral Unidas Podemos, algo que sitúa temporalmente en el 15 de marzo, y Neurona Comunidad, cuyo NIF aparece en dicho borrador, todavía no tenía este número identificativo, que obtuvo el 21 de marzo.
En cuanto a la firma, ha expuesto que Germán Cobos –persona de enlace entre el administrador de Neurona y los socios mexicanos– envió a Castejón el contrato el 27 de marzo para que lo firmara, éste se lo devolvió por un error en los importes y volvió a recibirlo con eso corregido pero una «fecha errónea» que «pasó inadvertida».
Siguiendo las instrucciones de Cobos, al día siguiente, rubricó el documento y lo envió por mensajería urgente a Madrid a la atención de Waldemar Aguado, «que no conocía pero dedujo que debía formar parte del equipo de trabajo» de Neurona. De acuerdo con el relato de Castejón, confirmó con Cobos que el contrato había llegado firmado a su destino y comenzó a surtir efectos hasta el punto que, en cumplimiento de lo estipulado en el mismo, Unidas Podemos realizó un primer pago de 75.000 euros.
Sin embargo, ha expuesto Castejón a Escalonilla, al administrador de Neurona no recibió la copia firmada por la formación política hasta el 3 de mayo y «no era uno de los ejemplares firmados de su puño y letra» sino otro «idéntico», de modo que la defensa deduce que «Unidas Podemos debió extraviar los ejemplares remitidos» inicialmente por su cliente el 28 de marzo. «De ahí que mi representado lo firmara electrónicamente el día de 6 de mayo», ha apuntado.
DOS TESTIFICALES PARA UN «IMPULSO PROCESAL»
Con todo, ha considerado «absolutamente imprescindible» que el juez dé un «impulso procesal» a la causa tomando declaración como testigos tanto a Cobos como a Aguado. Escalonilla solicitó el pasado mes de diciembre a la Policía que localizara a estas dos personas en México y, según la defensa de Castejón, ya «están perfectamente identificadas».
Para ello, ha propuesto al instructor que recabe el auxilio judicial internacional, apoyándose en el tratado entre México y España de cooperación en materia penal, o el de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos de la Secretaría de Estado de Justicia, para que la declaración de haga por videoconferencia.
