La Fiscalía ha mantenido este jueves la acusación a la Sindicatura Electoral del 1-O por presunta desobediencia, y sostiene que sus miembros evitaron recibir la notificación del Tribunal Constitucional (TC), que les advertía de que debían impedir el despliegue de las leyes de desconexión, supuestamente con la intención de eludir posibles consecuencias penales si eran enjuiciados.
En su informe final ante el Juzgado Penal 11 de Barcelona, la fiscal ha cuestionado que el TC notificó personalmente esas resoluciones a «muchísimas personas» al primer o segundo intento, mientras que ha asegurado que en el caso de los síndicos requirió hasta ocho intentos, por lo que recibieron la notificación personal una semana después de las resoluciones.
Ha sostenido que, a pesar de eso, no se puede considerar que no conocieran las decisiones del tribunal, requisito para considerar que su actuación supuso un delito de desobediencia: «Conocimiento tenían todo, pleno, absoluto y tajante. Todo el mundo que vivía en Cataluña en esas fechas conocía las resoluciones, los medios comunicación no hablaban de otra cosa y son profesionales de reconocido prestigio, no nos pueden hacer creer que no conocían la resolución», ha dicho sobre los acusados.
En la sesión de la mañana de este jueves, los acusados han defendido su inocencia al asegurar que solo ejercieron las funciones de síndicos durante una reunión en el Parlament el 7 de septiembre, el día anterior a la suspensión que dictó el TC, y que después renunciaron al cargo.
Sin embargo, la fiscal ha reprochado que se destruyeran las actas de las reuniones de la Sindicatura y ha esgrimido que la web del referéndum, que se replicó en varios dominios al ser cerrada por orden judicial, publicó resoluciones de la Sindicatura fechadas hasta el 14 de septiembre, aunque durante la mañana los acusados han dicho no ser autores de esos documentos sino de los acuerdos en los que se basan.
En la última jornada del juicio, ya visto para sentencia, la fiscal ha mantenido la petición de condena a dos años y nueve meses de prisión, o bien una multa de 5.400 euros, por los presuntos delitos de desobediencia y usurpación de funciones públicas.
La acusación recae en el catedrático de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona (UB) Jordi Matas, que presidió la sindicatura; la profesora de Ciencia Política en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Tània Verge; el profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Josep Pagès; la abogada Marta Alsina; y el profesor de Derecho Administrativo en la UB Marc Marsal.
DEFENSA: «LA QUERELLA ES PESCA DE ARRASTRE»
El abogado de la defensa, Ramon Setó, ha recalcado que la jurisprudencia del TC requiere que haya una notificación personal para apreciar un delito de desobediencia.
Ha mantenido que los síndicos no trabajaron más allá del día 7, y ha replicado que alguien destruyó las actas por temor a represalias penales y ha sostenido que por el mismo motivo no ha podido aportar más testigos al juicio: «Es evidente que el personal del Parlament, no adscrito a la Sindicatura de forma oficial pero que colaboraba, lo último que querrán es venir aquí a hablar de su participación, vistas las consecuencias que está teniendo para el resto».
El letrado ha criticado que «la querella es pesca de arrastre» al reprochar que la Fiscalía también les acusa alternativamente por presunta desobediencia como funcionarios, que sería el delito atribuible a esta acusación si los síndicos hubiesen mantenido el cargo al supuestamente desobedecer al TC.
«Nunca he visto una usurpación de un cargo que está suspendido, que no existe», ya que la propia resolución del TC –aun sin ser notificada personalmente– anuló el nombramiento de los síndicos la noche del 7 de septiembre.
