El portavoz de la Plataforma ‘Mezquita Catedral de Córdoba. Patrimonio de Tod@s’, Miguel Santiago Losada, ha preguntado por carta a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, «si tiene previsto implementar alguna iniciativa para anular la inscripción eclesiástica de la Mezquita Catedral de Córdoba y devolverla al ámbito del dominio público».
De esta forma y tras recordar en su misiva a Carmen Calvo que la citada plataforma está «respaldada por más de 390.000 firmas» en tal pretensión, Miguel Santiago Losada ha aludido en su carta, en primer lugar, a que la «reciente publicación por el Gobierno de España del listado de bienes inmatriculados incluye a la Mezquita Catedral de Córdoba».
En este sentido ha recordado a Carmen Calvo que «la Ley de Patrimonio Histórico confiere al Estado la responsabilidad en la tutela y vigilancia de los bienes de interés cultural, especialmente de aquellos de singular valor patrimonial».
«En virtud de su responsabilidad como vicepresidenta del Gobierno –prosigue la misiva–, esta plataforma ciudadana solicita conocer si tiene previsto implementar alguna iniciativa para anular la inscripción eclesiástica de la Mezquita Catedral de Córdoba y devolverla al ámbito del dominio público, tal como recogía el informe municipal de 2018 en el que usted participó como jurista».
Aquel dictamen, según ha argumentado la plataforma, «certificaba que la inscripción del universal monumento se hizo vulnerando el ‘principio básico de igualdad ante la ley’, al reconocer a la autoridad eclesiástica católica como fedatario público. El documento municipal dejó claro que la Mezquita Catedral es un ‘bien público, que no está en el tráfico del comercio’ y, por lo tanto, según añadía el texto, ‘no es posible que la Iglesia Católica apele al mecanismo de la usucapión’ para su inscripción en el Registro de la Propiedad».
La comisión municipal, según ha detallado la plataforma, «estuvo presidida por Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Unesco, e integrada por los historiadores Alejandro García Sanjuán y Juan Carpio. El escrito consideró que la privatización de la Mezquita Catedral de Córdoba había ‘lesionado los intereses generales de la ciudadanía cordobesa’ y propuso la pertinencia de elevar un recurso de inconstitucionalidad ante el TC con el objeto de anular la inscripción del monumento».
El informe, según ha insistido el portavoz de la plataforma, «constató que la Iglesia Católica no disponía de título escrito de dominio del conjunto monumental, cuando es conocido que sí conserva entre sus archivos documentos de propiedad de otros edificios colindantes donados por Fernando III tras la conquista de Córdoba» en el año 1236.
Asimismo, según ha subrayado Miguel Santiago Losada, «tanto PSOE como su socio de gobierno, Unidas Podemos, concurrieron a las elecciones (generales) del 10 de noviembre de 2019 con la promesa en sus programas electorales de recuperar los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia Católica, usando exactamente esas palabras: ‘Llevaremos a cabo una revisión de las operaciones que se han basado en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros’, según añade el programa de los socialistas».
El programa electoral de Podemos «también habla de ‘privilegio’ y de que la institución católica ha inscrito bienes que ‘son de toda la ciudadanía, como la Mezquita de Córdoba o las ermitas de muchos pueblos que mantienen en realidad los vecinos, pero también edificios civiles, como quioscos y plazas».
En consecuencia, la Plataforma ‘Mezquita Catedral’ apela al «compromiso electoral del Gobierno, también expresado inequívocamente y de viva voz por Pedro Sánchez en su discurso de investidura, cuando anunció que promovería las ‘modificaciones legislativas’ oportunas para ‘revertir las inmatriculaciones’ irregulares practicadas por los obispos'».
En consecuencia y «por todo ello», en la mencionada plataforma quieren «saber qué actuaciones tiene previsto implementar el Estado, como principal custodio del patrimonio histórico, para reclamar aquellos bienes de especial valor cultural que puedan ser considerados de dominio público, particularmente la Mezquita de Córdoba».
