Ence-Energía y Celulosa ha replicado al delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, que «a finales de 2018» aprobó un plan estratégico para el período 2019-2023 que es «público» y que contempla «el plan industrial y todas las inversiones previstas» para la biofábrica de Lourizán, en Pontevedra.
Así responde la compañía en un comunicado después de que Losada, tras una reunión mantenida este lunes con representantes del comité de empresa, reclamase un «plan de futuro» para la actividad que mantiene la planta pontevedresa.
De este modo, Ence recuerda que en su plan estratégico, disponible en su página web, plantea «inversiones de hasta 100 millones de euros en sostenibilidad, flexibilidad y excelencia medioambiental» para la biofábrica de Lourizán, además de otros 200 millones de euros para «su eficiencia y su expansión».
En paralelo, la empresa defiende que ha invertido 132 millones de euros en estas instalaciones desde el otorgamiento de la prórroga de la concesión en 2016 –que está siendo objeto de revisión por la Audiencia Nacional–, de los que 60 millones «forman parte del citado plan estratégico».
Además, en torno a la polémica que rodea a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que está en trámite en el Congreso, Ence insiste en que la redacción «actual» del artículo 18.4 «sí es retroactivo y, por lo tanto, es contrario a la seguridad jurídica».
En concreto, este precepto confirma la duración máxima de las concesiones a 75 años, incluyendo prórrogas –en el caso de la planta en Lourizán, hasta 2033–, tal y como ya establecían leyes anteriores como la de Costas de 1988 y la del Patrimonio de las Administraciones Públicas del 2003.
Sin embargo, añade que serán «nulos de pleno derecho» los actos administrativos que incumplan este plazo, por lo que el futuro de la planta podría depender de si esto se aplica o no retroactivamente. El delegado del Gobierno ha defendido este lunes que no, porque el artículo 18.4 no afecta «en nada» a esta biofábrica, pero no lo entiende así la compañía.
Asimismo, Ence celebra la disposición de diálogo mostrada por el Ejecutivo central, pero insiste en que «se tenga en cuenta la necesidad de eliminar la retroactividad del citado proyecto de Ley» y confía en «que se escuche a las más de 5.000 personas» cuya forma de vida «depende directamente» de la planta de Lourizán.
DEFIENDE QUE EL COMPLEJO ES «SEGURO»
Por otra parte, ante la petición del Ayuntamiento de Pontevedra a la Xunta y al Estado para que verifiquen la seguridad de la biofábrica, la compañía reitera que es inspeccionada «periódicamente» y con «resultados satisfactorios» por organismos de control «autorizados». Por eso, se reafirma en que el complejo de Ence en la ría de Pontevedra es «totalmente seguro».
Todo esto parte de un vídeo difundido en los últimos días en el que el presidente de Ence, Ignacio de Colmenares, alerta de la posibilidad de que «en cualquier momento» haya un «susto mayúsculo medioambiental» en la fábrica de Lourizán.
Sin embargo, la empresa ya se apresuró a defender que este extracto, que fue «recogido ilegalmente», no debe «ser descontextualizado», sino que «debe entenderse como parte de unas palabras dirigidas internamente» por parte de Colmenares «al conjunto del equipo humano».
De hecho, «este extracto, de cerca de cuatro minutos de duración, es parte de una intervención de más de tres cuartos de hora» y las palabras difundidas sobre un eventual desastre medioambiental «no reflejan el sentido ni el significado» completo de su intervención.
Así, Ence explica que su presidente, «apenas unos minutos antes» de ese extracto, se había referido «a la necesidad de seguir mejorando día a día el comportamiento medioambiental de las plantas» con inversiones que «garantizan la seguridad absoluta» de las instalaciones.
«Solo a doce años vista, de aquí a 2033, y si no se realizan las inversiones necesarias, podría verse afectada la fiabilidad de la biofábrica», zanja la compañía.
