El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España ha asegurado a la ONU que el Ejecutivo no es el responsable de buscar una solución a la situación que viven 1.800 niños y niñas en la Cañada Real Galiana, que llevan más de tres meses y medio sin luz ni calefacción, y el Relator especial de la ONU para la Extrema Pobreza le ha respondido que «lo verdaderamente irresponsable es dejar a niños sin electricidad durante el invierno».
«En respuesta a las preocupaciones de la ONU sobre la Cañada Real, el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno Español, Ernesto Gasco, ha dicho que el Gobierno nacional no es responsable. Lo que es verdaderamente irresponsable es dejar a niños sin electricidad en medio del invierno», ha contestado el Relator Especial de la ONU para la Extrema Pobreza, Olivier De Schutter, en un mensaje publicado este martes en Twitter.
El Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, mandó una carta al Gobierno español el pasado mes de diciembre de 2020 pidiendo explicaciones sobre la situación que atraviesa la Cañada Real debido a los cortes de electricidad que han venido sufriendo estos últimos meses.
En dicha carta, enviada a iniciativa del Relator Especial sobre la vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopal, llamaban al Gobierno de España a «que tome las medidas necesarias para restablecer con carácter de urgencia el suministro eléctrico a las familias afectadas» en la Cañada Real.
En una reciente entrevista, Olivier De Schutter, recordó al Gobierno español que tenía de plazo hasta este martes 16 de febrero para responder a la comunicación que hicieron desde este organismo pidiendo una solución a la situación en la Cañada Real, donde más de 4.000 personas, entre ellas, 1.800 menores, viven desde hace más de tres meses y medio sin suministro eléctrico.
Cuando se cumple el plazo este martes, el Relator de la ONU ha informado de la recepción de dicha respuesta pero ha afeado al Ejecutivo que diga no tener responsabilidad para dar una respuesta.
Según precisó el Relator especial de la ONU sobre extrema pobreza a principios de febrero, lo que está ocurriendo en la Cañada Real es «una catástrofe humanitaria y una derrota de los derechos sociales».
En respuesta al tuit de Olivier De Schutter, el presidente del Comité Derechos del Niño de Naciones Unidas, Luis Pedernera, ha comentado que es «una verdadera lástima que el Alto Comisionado no tenga presente las Recomendaciones formuladas en 2018 al Estado por parte del Comité de los Derechos del Niño sobre el vínculo entre Estado y comunidades autónomas».
EL ALTO COMISIONADO OFRECE «DIÁLOGO»
Por su parte, el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España, Ernesto Gasco, ha precisado que lo que necesitan los niños de la Cañada Real es «diálogo y entendimiento, no polémicas».
«Lo que necesitan los niños de Cañada Real es diálogo y entendimiento, no polémicas o respuestas que no van a ningún lado», ha subrayado este martes el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España, Ernesto Gasco, tras conocer la crítica del Relator de la ONU.
Gasco ha precisado que en la carta que le envió a Olivier De Schutter, le explica que no es la «autoridad competente» pero que van a «apoyar» el acuerdo al que lleguen las administraciones que sí lo son.
«Compartimos la necesidad de poner en marcha mecanismos que solucionen esta problemática», ha precisado Gasco, asegurando que comparten la preocupación del Relator de la ONU.
También le explicaba en la misiva, según dice Gasco, las reuniones que han mantenido con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento para abordar la cuestión, e incidía en la necesidad de aplicar el Pacto de la Cañada Real Galiana firmado en 2017.
En el escrito, el Alto Comisionado explicaba asimismo al Relator de la ONU que la competencia es de la comunidad autónoma, en este caso de Madrid. «A veces desde el exterior no se comprende pero nuestro respeto es máximo a las competencias que tienen en exclusividad las comunidades autónomas y corporaciones locales», ha indicado.
NO ES LA RESPUESTA OFICIAL DEL GOBIERNO ESPAÑOL
En todo caso, Gasco ha aclarado que la carta que envió como Alto Comisionado contra la Pobreza al Relator de la ONU «no es la respuesta oficial del Gobierno» al escrito trasladado desde este organismo de la ONU al Ejecutivo el pasado 16 de diciembre. En este sentido, ha precisado que la respuesta oficial la está preparando el Gobierno.
La carta del Alto Comisionado, según ha explicado Gasco, se la enviaron por el interés que el Relator había manifestado por el caso de una menor de 3 años vecina de la Cañada Real que necesitaba un respirador eléctrico para vivir, pero no como respuesta oficial de España.
En cualquier caso, Gasco ha insistido en que están «dispuestos a sumar» y a «dialogar» pero «en ningún caso a usurpar funciones» a las comunidades autónomas en sus competencias exclusivas.
En estos mismos términos se ha expresado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «No podemos nunca sustituir el trabajo de otra administración», ha afirmado, en relación con la Cañada Real.
Por otro lado, sobre la respuesta oficial del Gobierno para la ONU a la que ha hecho referencia Ernesto Gasco, fuentes gubernamentales han indicado que esta respuesta oficial se habría elaborado con informaciones de los distintos departamentos del Gobierno que tienen competencia en materia de infancia y derechos humanos.
UN GRUPO DE TRABAJO IMPULSADO POR IGLESIAS
En este sentido, entre las informaciones trasladadas por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, figura la creación de un grupo de trabajo impulsado por este departamento con la participación de todas las administraciones competentes y entidades sociales implicadas, «para proponer medidas que aseguren la cobertura de las necesidades básicas» a las personas que viven en la Cañada Real.
Entre las informaciones que también trasladó el departamento que dirige Pablo Iglesias para añadir en dicha respuesta oficial, se indica asimismo que el Ministerio de Derechos Sociales inició gestiones con la empresa responsable del suministro eléctrico, Naturgy, a pesar de no ser competentes, por la «inacción de la Comunidad de Madrid», aunque la compañía se mostró «renuente», argumentando distintas consideraciones en cada momento.
