La Coordinadora Nacional de Artritis (ConArtritis) y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) han reclamado al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que este grupo social y las personas vinculadas, como cuidadores, sean priorizadas en el plan de vacunación frente al COVID-19 e incluidas en el siguiente grupo de vacunación.
«Hay estudios que demuestran que la evolución de la infección por COVID-19 es más grave en las personas que tienen enfermedades reumáticas autoinmunes. Por eso, conviene reducir al máximo el riesgo de contraer el virus con la vacunación», ha indicado el presidente de ConArtritis, Antonio I. Torralba.
«Es urgente proteger a las personas con discapacidad física y orgánica y su entorno familiar, asistencial y sociosanitario frente a los efectos claramente adversos y potencialmente peligrosos que supone una infección por SARS-CoV-2. La existencia de una alta situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad por diferentes circunstancias de riesgo específico y otros factores co-ocurrentes de comorbilidad demuestra la necesidad de ser priorizadas y recogidas en la Estrategia de Vacunación actual como siguiente grupo a inmunizar», ha añadido el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.
Algunos de los colectivos que pueden presentar un mayor riesgo de contagio, desarrollar un COVID-19 grave, ver agravada su condición o elevar su riesgo de mortalidad son personas con inmunosupresión, enfermedades neurológicas, ELA, enfermedad renal, enfermedades metabólicas, fibrosis quística, enfermedades respiratorias, cardiopatías, personas con esclerosis múltiple, con enfermedades reumatológicas, artritis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y coagulopatías.
ConArtritis y COCEMFE consideran que se debería incluir en el siguiente grupo prioritario de vacunación a las personas con discapacidad física y orgánica que la propia estrategia de vacunación reconoce su especial riesgo, como es el caso de aquellas con patologías o condiciones que afectan particularmente a su sistema inmunitario y presentan un riesgo de enfermedad grave, así como las personas con mayor grado de dependencia reconocido, y profesionales que les atienden. De igual modo, creen que se debería incluir a otras personas no priorizadas como son las personas con gran dependencia o con incapacidades absolutas, que necesiten ayuda de tercera persona y no tienen valorado o reconocido el grado de dependencia III.
De igual modo, instan a tener en cuenta los factores co-ocurrentes que impactan directamente en la calidad de vida y la salud de las personas con discapacidad física y orgánica en general y aumentan el riesgo de contagio y de enfermedad, como tener el sistema inmunológico debilitado; una mayor exposición al contagio debido a frecuencia de visita a hospitales y centros sociosanitarios o necesidad de apoyo de terceras personas; el agravamiento del estado de salud general durante la pandemia debido al aplazamiento y retraso en citas, pruebas médicas y diagnósticos y a la falta de tratamientos rehabilitadores necesarios; el empeoramiento de la salud mental y psicoemocional a razón del aislamiento social y la imposibilidad de mantener actividades terapéuticas, de ocio, así como la disrupción de su vida cotidiana y la socialización; mayores dificultades para cumplir las medidas preventivas y un mayor riesgo para los profesionales y cuidadores/as; y la situación de vulnerabilidad asociada a riesgo de pobreza y exclusión, agravada por el impacto de la pandemia, que genera dificultades para adquirir medios de protección adecuados y es uno de los principales determinantes sociales de la salud.
Para ambas entidades resulta «fundamental» que la estrategia haya prestado especial atención al caso de las personas cuidadoras profesionales y asistentes personales, dado que su posible contagio y las medidas preventivas de aislamiento «impactan directamente en el cuidado de las personas que requieren este servicio, existiendo dificultad de cubrir esas bajas». «Por tanto, la vacunación conjunta de personas usuarias y el personal cuidador sería una opción necesaria frente a dicha situación y realizarse en el siguiente grupo de inmunización», insisten.
Por otro lado, las personas que proporcionan cuidados no profesionales a personas con discapacidad no se encuentran entre los grupos priorizados en la estrategia de vacunación y ConArtritis considera «imprescindible» su incorporación. «También debería priorizarse a progenitores o responsables cuidadores y convivientes de niños con discapacidad, quienes no pueden vacunarse por su edad y dependen de su cuidado y bienestar», reclaman. En ambos casos, la entidad estima que deberían vacunarse al mismo tiempo que las personas con discapacidad a las que atienden, dada la labor que realizan y porque su contagio supondría un grave riesgo para las personas que requiere su apoyo.
Por último, ConArtritis y COCEMFE consideran que, para evitar infecciones cruzadas en el caso de enfermedades crónicas graves, se debe considerar la opción de vacunar en las Unidades de Referencia de Patología si las hubiera, o en los servicios de referencia, en su ausencia en Medicina Preventiva. De igual modo, en el caso de personas que reciben tratamiento en hospitales de forma continua y permanente, la vacunación podría realizarse en estas unidades, por ejemplo, en hospitales de día (hemo-oncología), centros de diálisis, etc.
