La Policía Nacional ha detenido al director y a la encargada de la residencia de mayores Isla de Kos del municipio de El Molar por estafar y robar a varios mayores que atendían, llegando incluso a modificar un testamento para beneficiarse de sus bienes, han informado fuentes policiales.
En la tarde noche de ayer lunes, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid se personaron en esta residencia privada, con plazas concertadas con la Comunidad, y arrestaron a sus máximos responsables acusados de delitos de estafa, apropiación indebida y coacciones hacia los usuarios.
De momento, han aparecido dos víctimas aunque podría haber más, ya que la operación sigue abierta. Según los investigadores, los ahora detenidos, se dedicaban a cambiar sus cuentas de entidad bancaria y con las nuevas tarjetas realizaban operaciones comerciales a su favor y también reintegros de dinero. En un caso también llegaron a modificar un testamento para poner como herederos a los arrestados. Llegaron a sustraer 66.000 euros a una de las víctimas y una casa con parcela en El Molar.
Los responsables de este geriátrico han pasado la noche en la comisaría de la Policía Nacional en Alcobendas, donde les tomarán declaración antes de pasar a disposición judicial. Según fuentes policiales, el director se llama Agustín F.A. y fue exasesor fiscal de Gescartera. Fue acusado en su día de apropiación indebida pero finalmente no fue condenado por este caso de corrupción.
La encargada se llama María Almudena A.A. Ambos son socios de la empresa Sogerasa S.L., dueña de la residencia en cuestión, situada en el número 8 de la avenida de Madrid de la localidad serrana. Cuenta con un total de 90 plazas, cerca de la mitad concertadas con la Comunidad de Madrid. El precio por plaza va de entre 1.200 y 1.600 euros al mes.
DENUNCIA DE UN FAMILIAR EL 27 DE ENERO
Los hechos los conoció la Policía por la denuncia interpuesta en comisaría por un familiar de una de las víctimas el 27 de enero. También comunicó lo ocurrido a la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, que la trasladó a la Fiscalía, han indicado a fuentes de este departamento regional.
Además, técnicos de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) realizaron el día siguiente una primera inspección en la residencia y luego una segunda inspección sobre el cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales. Detectaron algunas pequeñas irregularidades pero comprobaron que, desde el punto de vista asistencial, los ancianos estaban bien cuidados y se cumplía correctamente la normativa.
La Consejería se ha puesto a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía para lo que necesitaran. De hecho, acompañaron a los agentes de la Policía Judicial cuando acudieron al geriátrico para el correspondiente registro. Además, han ofrecido a los usuarios de sus plazas concertadas la posibilidad de cambiarse a otro centro si así lo disponen, han indicado las mismas fuentes.
