Más de medio centenar de organizaciones de derechos humanos han denunciado este jueves la violación de derechos humanos que sufren los migrantes que se encuentran en los diferentes centros de internamiento que existen en el país, principalmente en los de Canarias, Ceuta y Melilla, y han criticado que «laxitud» que existe por parte de la justicia para investigar estas situaciones que, señalan, «no son nuevas».
Estas organizaciones han participado en la realización del Informe Frontera Sur, del Centro por la Defensa de los Derechos Humanos Irídica, que analiza la situación de la frontera española durante el año 2020.
Una de las inverstigadoras de este estudio, Daniela Lococo, ha destacado la proliferación de «espacios de contención» para migrantes a lo largo de las fronteras de la UE. Con este término se refiere a los campamentos conocidos en Lampedusa, las islas griegas o los Balcanes que, ahora, llegan a Canarias con la creación del campamento de Arguineguín y la apertura del centro de Barranco Seco que planea el Gobierno.
Este tipo de organización, apunta Lococo, también se puede ver en otros territorios como en Ceuta y Melillam en donde, explica, hay ahora más de 760 tunecinos bloqueados desde hace casi dos esperando a que se soluciones su situación.
«Estos centros de internamiento o detención, CATE o centros de emergenica se caracterizan por las situaciones de hacinamiento, insalubridad e inseguridad», ha lamentado la investigadora. En el informe también se recogen los «procesos interminables» que sufren estas personas que, en principio, sólo pueden estar privadas de movilidad 72 horas.
LA UE PONE EL FOCO EN LAS DEPORTACIONES
Esta situación, según ha alertado, afecta además a la «salud mental» de los migrantes por la «incertidumbre» de su vida, a lo que se suma las situaciones de racismo que viven. Estas últimas, ha indicado Lococo, se han visto agravadas por la llegada de la «ultraderecha y derecha radical» a la política europea. Además, cree que esta situación ha centrado el debate en el racismo y hay ahora «poco espacio» para hablar de politicas migratorias con respeto a los derechos humanos.
Las ONG tampoco están satisfechas con la postura de la UE en el nuevo pacto que se está negociando sobre esta materia. Lococo cree que pone el foco en las deportaciones y devoluciones y apuesta por la contención de los migrantes en los campamentos, convirtiendo lugares como Canarias, Ceuta y Melilla en «una situación de permanente emergencia en frontera» y que no respetan los derechos humanos.
«Lo que pasa en Canarias, Ceuta y Melilla es la punta del iceberg», ha advertido Sani Ladan, investigador externo del informe. Él se ha ocupado de buscar datos en los países de origen de los migrantes y destaca que «justo cuando la situación en Canarias estaba en su punto más crítico, la UE renovó sus acuedos de pesca con Sengal» de los que la «mayor beneficiaria era la industria pesquera esapañola».
Por este acuerdo, indica Lada, el país africano recibe 400 millones de euros, mientras que, según los estudios, el sector pesquero senegalés recogería 3.300 millones anuales si ejercieran ellos mismos los derechos de pesca. «La mayoria de jóvenes senegaleses con los que hablamos en Canarias nos contaron que, antes de coger la patera trabajaban en el sector pesquero», ha lamentado.
SIN REGULACIÓN CLARA
El investigador, también ha denunciado la legitimación del cierre de fronteras que ha propiciado el Covid-19 y que ha dado lugar a «naufragios invisibles». «La ruta a Canarias sigue siendo de las más mortíferas», ha señalado.
Desde el informe también denuncian la propia situación de los centros de internamientos españoles, considerados como «una extensión de las comisarías» y que no cuentan con «una regulación clara».
La abogada Patricia Fernández, que ha trabajado en casos como el de El Tarajal, ha declarado que se producen prolongaciones de la libertad «intolerables», además de que, en muchos casos, se impide el contacto de migrantes con familiares y estos no tienen acceso a atención jurídica, ni a servicios sanitarios, no tienen ropa limpia, ni comida y bebidas suficientes o no pueden acceder a una ducha. «Es un ataque flagrante a la dignidad», ha denunciado.
La portavoz del Servicio Jesuita de Migrantes, Maria Vieyra, ha explicado que en Melilla se dan múltiples situaciones que «no cumplen los estándares mínimos en materia de derechos humanos», entre ellos, la falta de garantías en casos de devoluciones forzosas o libertad de movimiento, el drama de los menores no acompañados que se quedan sin protección a los 18 años, la rupturas de familias durnate meses en espera de los resultados de ADN o la situación de muchas víctimas de trata que son atendidos como delincuentes.
DENUNCIA A ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
De todas estas situaciones recogidas en el informe han sido informados el Defensor del Pueblo, los ministerios de Interior, Inlcusión, Seguridad Social y Migraciones y Derechos Sociales y Agenda 2030. Además, el texto ha sido elevado al Comité europeo de Prevención de la Tortura, para que realice una vista «de manera urgente» a los centros de detención de Canarias, Ceuta y Melilla, así como al relator especial de la ONU de Derechos Humanos para las personas migrantes.
Del mismo modo, se ha decidido trasladarlo a la Fiscalía con el objetivo de que se investigue si se podría estar dando en estos lugares una situación contraria a la legalidad. «Hay demasiada laxitud sobe investigar estas situaciones cuando se trata de personas migrantes», ha denunciado el coautor del trabajo, Andrés García.
Desde las ONG no sólo se pide la intervención de estos organismoas internacionales o de la Justicia, sino también se ha pedido a las adinistraciones competentes a realizar «traslados equitativos» desde las zonas más afectadas hacia el resto de España. E insisten en que las soluciones que se puedan dar a este problema deben tomarse «desde la lógica de los derechos humanos» y «frente a una política europea intolerable» en esta materia.
