Amalia Calonge, la funcionaria que modificó las notas del máster que cursó la expresidenta regional Cristina Cifuentes en 2012, ha asegurado que el catedrático Pablo Chico le pidió que cambiara las calificaciones y que estaba autorizada para ese cometido en contra de lo manifestado por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) y el entonces responsable de estudios de Postrado.
La Audiencia de Madrid ha retomado este lunes el juicio contra la exlíder madrileña, quien se sienta en el banquillo por un delito de falsedad documental. Se enfrenta a una petición fiscal de tres años y tres meses de cárcel. En la sesión de este lunes, comparecerán doce testigos claves en la acusación.
En su declaración, Cifuentes relató que cursó el máster sin ir a clase, sin realizar exámenes y entregando el 2 de julio de 2012 el Trabajo de Fin Máster (TFM) sin exponerlo ante el tribunal, algo nada habitual según profesores de la URJC. Además, manifestó que actuó de «buena fe» cuando exhibió el acta del tribunal al afirmar que no sabía que estaba falsificada, responsabilizando a la universidad de las irregularidades.
En su comparecencia, Calonge ha narrado ante el tribunal que solo conocía a Cifuentes dado que su hermana era compañera suya y se la presentó en el tanatorio cuando falleció su padre. Calonge estuvo imputada en la causa pero finalmente se levantó su imputación.
En cuanto a su trabajo, ha explicado que se encargaba de matricular a los alumnos y ha dicho que tenía facultades para cambiar las notas. Al respecto, ha explicado que el entonces responsable de Postrado y Títulos Propios José Antonio Lobato no se hacía cargo de másteres anteriores a su nombramiento, por lo que protestó ante el vicerrector José María Álvarez Mozoncillo.
«Entiendo que me dio de alta para poder hacer cambios de notas en los másteres antiguos anteriores a que se cree la escuela de másteres», ha narrado. Así, ha señalado que con ese acceso modificó las calificaciones de «muchísimos alumnos» ya que había casi 10.000 alumnos en el Campus de Móstoles.
«¿Modificó usted las notas de Cifuentes de no presentada a 7,5 y también le puso 7,5 en la asignatura del TFM?. ¿Quien se lo dijo?», ha preguntado el letrado de la URJC. «Me llamó Pablo Chico y le dije que me lo mandara por correo y lo pusiera por escrito. Me dijo que tenía un notable y que había habido un problema y que procediera al cambio de las notas», ha contado.
A preguntas sobre si la habilitaron para modificar las notas, ha replicado que ese extremo no es automático y que ella ya estaba autorizada. «Fue por orden del vicerrector, quien es quién tiene la competencia para ello. Yo me he enterado después, en un juzgado», ha dicho.
Calonge ha apuntado que ella no tenía competencia para pedir explicaciones de esas rectificaciones y ha dicho que los catedráticos funcionaban «así» al ser preguntada sobre si no le extrañó la petición de Pablo Chico a pesar de que las asignaturas no eran suyas. «Yo no tengo por qué poner en cuestión a un catedrático de la universidad», ha dicho.
La funcionaria estuvo presente en una de las reuniones después de que saltara la polémica con la noticia de ‘eldiario.es’, en la que el director del Instituto de Derecho Público(IDP) Enrique Álvarez Conde -fallecido- dijo que tenía el trabajo de Cifuentes y que lo podía tener en su casa y en su despacho. «Varias personas le dijimos que fuera a buscarlo, entre ellas yo», ha dicho.
Además, ha indicado que vio el acta encima de la mesa y que la enviaron al Rectorado por correo electrónico. «Vi el actilla que salió en la prensa y que parece ser que estaba falsificado. Lo vi antes de la rueda de prensa.
También ha contado una conversación con la exasesora de Educación María Teresa Feito, ya que fue la profesora que había ido con Cifuentes en 2017 a recoger el título del máster. Feito entró en el despacho del rector y el vicerrector de Comunicación Carles Marín, que estaba preparando la rueda de prensa, la echó», ha recordado.
NO ESTABA AUTORIZADA
El primero en comparecer ha sido José Antonio Lobato, quien ha relatado que el rector Javier Ramos le solicitó al saltar la polémica el 21 de marzo de 2018 que recopilara las actas, sin que constara el acta del TFM de Cifuentes.
Sobre el máster que cursó Cifuentes, ha indicado que era presencial y que a partir de 2007 era obligatoria la defensa del trabajo final. «En la normativa decía que se tenia que defender y daba unos requisitos. Hay un decreto de 2007 en el que se establecen las directrices de los másteres y la normativa aplicada a este decreto», ha detallado.
El departamento de Lobato se encargaba de la rectificación de notas si había algún error, indicando que la funcionaria Amalia Calonge no pertenecía a su servicio, por lo que no estaba autorizada a realizar modificaciones.
«El profesor si ve alguna rectificación desde 2011 hay una cuenta de correo tiene que mandar un correo y solicitar la rectificación del acta. También puede darse el caso que se acercaran al servicio solicitando la rectificación. La hacía el departamento y no el profesor», ha comentado.
