El Comité Federal del PSOE ha aprobado este sábado una modificación de sus estatutos para garantizar que se pueden adoptar medidas o incluso «acciones judiciales de reclamación» en los casos en los que se confirmen «incumplimientos reiterados y graves» de la obligación que tienen los cargos socialistas de aportar parte de sus remuneraciones al partido, según informan fuentes socialistas.
En concreto, la dirección del PSOE ha decidido modificar el artículo 510 de los estatutos, en el que se establece que los cargos públicos «deberán contribuir a la financiación del Partido» y efectuar al órgano político correspondiente «las aportaciones que se establezcan».
En los estatutos ya se avisaba de que «el no cumplimiento del deber de aportación asumida de un cargo público podrá dar lugar a las consecuentes sanciones disciplinarias, y en su caso, a exigencias de responsabilidad política por ello», pero no se hacía referencia a que ese incumplimiento se considerará «grave».
Además, en un nuevo punto que añaden al citado artículo, se establece que «a los efectos del cumplimiento» de estas obligaciones, se elaborará un «informe anual cuantitativo» sobre el grado de cumplimiento de las aportación establecidas y «los incumplimientos reiterados y graves», para que se puedan adoptar por parte del Comité Federal «las decisiones correspondientes, disciplinarias, políticas» o, en su caso, «el ejercicio de acciones judiciales de reclamación».
Asimismo, con esta reforma se establece que el Comité Federal aprobará una tabla de aportaciones que servirá como referencia mínima para las que después fijen los órganos territoriales correspondientes.
Además, se deja claro que esta obligación no sólo es para los cargos públicos que sean afiliados sino para todos los que hayan concurrido también como independientes en las listas del PSOE, y «se hayan comprometido a ello previamente» aceptando el código ético, y los que nombrados a propuesta o con apoyo del partido por concurrir una especial confianza, incluyendo cargos públicos o puestos de personal eventual por nombramiento de libre designación en las Administraciones Públicas.
CONFLICTOS EN GALICIA
Precisamente, en Galicia, las aportaciones al partido por parte de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y de otros ediles del gobierno marcaron un enfrentamiento en la agrupación local entre partidarios de la dirección provincial del partido –que encabeza Valentín González Formoso– y afines al secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero.
El conflicto estalló con la destitución por parte de la alcaldesa de la que era edil de Emprego del Ayuntamiento y secretaria local de la agrupación Eva Martínez Acón –afín a Gonzalo Caballero–. Mientras que Inés Rey atribuyó el cese de esta a su «nula dedicación a las tareas de gobierno», Acón lo vinculó al hecho de que había reclamado tanto a la regidora como al resto de concejales que el pago de las «cantidades adeudadas al partido» en un momento en el que la agrupación local atravesaba una situación económica complicada que, según indicó, incluso motivó que no pudiese pagar el alquiler de su sede durante varios meses.
SUSPENSIÓN DEL ACUERDO PROVINCIAL
Después de que trascendiese públicamente este enfrenamiento, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE suspendió y dejó sin efecto el acuerdo del Comité Provincial del PSOE de A Coruña en el que fijaba el régimen de aportaciones de los cargos públicos para los ámbitos provincial y local por considerar que minoraba la cuantía aprobada a nivel estatal. Además, dio de plazo hasta el 31 de marzo de 2021 para regularizar la aplicación de lo dispuesto en la tabla de aportaciones aprobada por el Comité Federal del 17 de marzo de 2019.
De este modo, la Comisión Ejecutiva Federal atenidó una solicitud de impugnación de este acuerdo –que había sido aprobado por la dirección provincial en julio de 2020– formulada por la Secretaría de Organización del PSdeG el pasado 11 noviembre, un día después de que la alcaldesa de A Coruña destituyese del gobierno local a la secretaria del PSOE coruñés.
