Los herederos del dictador Francisco Franco han registrado ante el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de A Coruña un escrito en el que solicitan la retirada de «todos los bienes y objetos» que hay en el Pazo de Meirás de Sada.
En un escrito elaborado por su procuradora, los Franco consideran que «no consta» que ninguno de los objetos del interior del inmueble «aporten algo» a su distinción como Bien de Interés Cultural (BIC) o «comprometan» sus posibles usos definitivos.
Cabe recordar que el juzgado, en un auto a fecha de 4 de diciembre -seis días antes de la entrega del pazo al patrimonio público-, acordó designar al Estado depositario de todos los bienes muebles y accesorios del complejo del Pazo de Meirás, mientras la sentencia que le otorgaba su titularidad no fuese firme.
Sin embargo, esta misma semana, la Dirección General del Patrimonio del Estado, a través de la Abogacía General, planteó que la familia del dictador pudiesen llevarse del pazo electrodomésticos y bienes sin inventariar, aunque también dejaba abierta la posibilidad a otros que sí estuviesen en el inventario -realizado el pasado 11 de noviembre- en la medida que fuera posible «precisar mejor su grado de conexión» como BIC o en relación también a «los usos futuros» del inmueble.
«TODOS LOS DETALLADOS EN EL INVENTARIO»
Ahora, los Franco alegan ante el juzgado que el Gobierno no hace «la más mínima referencia a por qué, cómo o en qué medida» estos objetos «aportan algo» a la distinción como BIC.
Ante la falta de prueba que señalan los antiguos titulares del Pazo de Meirás, consideran que la autorización para la retirada «habría de hacerse extensiva a todos y cada uno de los bienes muebles» de su interior «y, por ende, a todos los detallados en el inventario», porque «no consta que ninguno de ellos aporte algo» a la distinción como BIC.
«De no hacerlo así, la medida cautelar adoptada se convertiría en una medida excesivamente gravosa para mis representados -escribe la procuradora de los Franco- que se verían así imposibilitados de disfrutar y disponer de un considerable número de bienes muebles de su propiedad sin que exista una mínima justificación razonable», añade el documento.
