Sare ha reclamado a la nueva mayoría política en el Estado una aplicación normalizada de la legalidad en materia de presos y, tras reclamar el acercamiento de todos los reclusos de ETA y acelerar la progresión de grados, ha asegurado que no tiene «ningún sentido una política antiterrorista nostálgica y disfrazada de reparación».
Esta reflexión ha sido realizada por la red ciudadana Sare en uno de los primeros actos convocados para este sábado en defensa de los derechos de los presos que se ha celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao.
En unas declaraciones previas, el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, ha reclamado el fin del «régimen de excepcionalidad» que sufren los presos y sus familias y se mostrado convencido de que los actos de este sábado, con concentraciones en 220 localidades a partir de las cinco y media de la tarde, van a alcanzar «cifras históricas de participación».
El acto, que dado comienzo a las once y media de la mañana, ha tenido un aforo restringido a 70 personas debido al covid-19, pero ha contado con representantes de PNV, EH Bildu, Podemos Euskadi y Podemos Nafarroa, Geroa Bai, además de la totalidad de los sindicatos vascos, la «mayor representación» hasta la fecha.
Entre los asistentes se encontraban, entre otros, Irune Berasaluze (PNV), Maddalen Iriarte (EH Bildu) o Miren Gorrotxategi de Elkarrekin Podemos-IU. También había representantes de ERC, de la CUP y de ANC, además de presencia de todos los sindicatos vascos.
El evento ha comenzado con la intervención de Nekane Altzelai, en representación de Ahotsa, y el excoordinador de Lokarri, Paul Ríos, en su condición de participante en los acuerdos de Aiete, quien, tras indicar que «queda mucho trabajo por hacer» en política penitenciaria, ha afirmado que sería «importante» que los presos realizaran una reflexión «crítica» sobre su pasado, aunque ha considerado que el acercamiento de presos no debe estar «sujeto a condiciones».
El acto ha finalizado con la reflexión de Sare, leída por Joseba Azkarraga y Arantza Aldezabal, en la que han destacado que se viven «tiempos de esperanza» porque algo se está moviendo en política penitenciaria por el «impulso conjunto y las nuevas mayorías políticas en el Estado».
En concreto, ha aludido a algunos traslados de personas presas a cárceles más próximas a sus familias, lo que supone un «alivio», sobre todo, para los familiares. No obstante, Sare no ha querido dar normalidad una situación que «no es aceptable» y ha asegurado que la forma en la que aún se está procediendo a las progresiones de grado es «tan limitada» que todavía un 65% de esos reclusos se encuentran «en primer grado penitenciario, a pesar de que una parte importante de este colectivo se acerca al cumplimento de 30 años de privación de libertad». Además, ha denunciado que, junto a ello, la Ley Orgánica 7/2003 ha condenado a 67 presos a cadenas perpetuas «encubiertas».
Sare ha señalado que, aún siendo «esperanzadores» los movimientos que se están produciendo en el ámbito penitenciario, «el panorama dista de ser tranquilizador» y ha recordado que aún hay 218 presos por su vinculación directa o indirecta con la desaparecida ETA y la mayor parte, «dispersados por 36 cárceles españolas, mientras que otros treinta se encuentran en cárceles francesas».
También ha denunciado que hay seis presos de más de 70 años o 60 personas presas que han cumplido ya las dos terceras partes de su condena y otras ocho que lo harán en el transcurso de este año. Junto a ello, ha advertido de que hay 17 con enfermedades graves e incurables.
Sare ha asegurado que el fin de la política de alejamiento solo será un hecho cuando «todos y todas estén en Euskal Herria». En este sentido, sus representantes han asegurado que la normalización democrática en este tema pasa por el fin de esta política penitenciaria. «Y sólo será un hecho cuando la progresión de grados alcance al conjunto de personas presas pudiendo iniciar el camino hacia su reintegración social, o cuando las personas gravemente enfermas puedan ser tratadas de su enfermedad fuera de los muros de la prisión», han añadido.
Según han indicado, tras la «aceptación de los mecanismos legales» por la inmensa mayoría del colectivo, «no hay excusa alguna» para que Instituciones Penitenciarias no aplique «los mecanismos de integración social, facilitando regímenes abiertos, cumplimientos domiciliarios, progresiones de grado y libertades condicionales, como medios de inmersión secuencial en la vida social y como apuesta por la convivencia»
Tras señalar que estos presos realizan su excarcelación «con una inmersión social rápida y sin riesgo de reincidencia», ha insistido en que se deben aplicar los mecanismos legalmente previstos y las instituciones no deben ser «rehenes de grupos de presión reaccionarios».
«Aún es largo el camino que queda por recorrer. Y lo queremos seguir haciendo juntos, porque es la única forma de avanzar. Urge aprovechar este tiempo, para dar pasos firmes, sin vuelta atrás», ha señalado.
Asimismo, Sare ha asegurado que, siendo «imprescindible continuar, sin demora, con la lucha por el acercamiento, de cara a aliviar el castigo añadido de la lejanía a personas presas y a sus familias», se debe poner el acento «en lo inmediato» que es «la aceleración de la progresión de grados, a la que tienen derecho las personas presas».
En este sentido, ha afirmado que la nueva mayoría política en el Estado debería «asumir -creo que lo está haciendo- la primacía ética de los derechos humanos y de la integración social, así como tener muy en cuenta» que se está «en tránsito desde un estadio ya superado de violencia, a otro de paz, convivencia y resolución, que requiere la implicación de todas las partes y una aplicación normalizada de la legalidad».
«En definitiva, se trata de que los principios de legalidad, de humanidad y de reinserción social sustituyan a los de arbitrariedad y conveniencia política. A estas alturas no tiene ningún sentido una política antiterrorista nostálgica y disfrazada de reparación», ha asegurado.
Sare ha indicado que la vulneración de los derechos de los presos vascos «va contra el principio de legalidad en un Estado de Derecho y nada tiene que ver con el derecho de todas las víctimas a la justicia, el reconocimiento y la reparación». Además, ha añadido que tampoco se corresponde con «la garantía ya dada por el EPPK de no repetición y de reconocimiento del daño causado».
«Somos una sociedad que ha sufrido mucho e innecesariamente. Por ello, es fundamental el respeto de los derechos de las personas internas en prisión», ha agregado.
La red social ha manifestado, por otra parte, que la situación de los encarcelados no les impide «comprender y solidarizarse» con los sufrimientos que han tenido «aquellas personas a las que la violencia les ocasionó un daño irreversible y afectó profundamente a su vida personal y familiar».
«Les debemos respeto y comprensión en su dolor y, por ello, nos oponemos también a la utilización que algunos hacen de este dolor y sufrimiento, como arma arrojadiza contra el oponente político. Es importante que, ante la presión permanente de un bloque muy reaccionario conformado no solo por sectores políticos sino, también, judiciales, se generalicen socialmente los objetivos de paz, convivencia y resolución que estamos defendiendo las mayorías social, política y sindical vasca», ha asegurado.
Por último, ha expresado su deseo de que se pueda iniciar un diálogo sobre el fin «real» del alejamiento, excarcelación de personas con enfermedades graves, progresión de grados, permisos penitenciarios y la ley Orgánica 7/2003.
