El Congreso y el Senado han decidido trasladar sus cuentas de tesorería al Banco de España para evitar las comisiones que viene imponiendo la banca privada. De entrada, las Cortes Generales han convocado un nuevo concurso entre entidades financieras para exigir que a partir de ahora no se les cobren esas comisiones de mantenimiento.
Las entidades bancarias mantienen una política de cobrar comisiones por los depósitos de sus clientes institucionales, unos cargos que se han ido consolidando y aumentando en los últimos meses hasta el punto de que ya son varias las instituciones que han decidido tomar medidas para que no les resulte gravoso tener el dinero público en los bancos privados.
Su refugio es el Banco de España, que ha visto cómo se han ido incrementando los depósitos de clientes de la Administración. Así, según los últimos datos del supervisor a los que ha tenido acceso Europa Press, el Banco de España contaba el pasado mes de octubre con 73.900 millones de euros de instituciones públicas, casi el doble de los 37.700 millones que custodiaba en julio, sólo tres meses antes.
TAMBIÉN LA JEC Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO
En ese contexto, las Cortes Generales han optado por convocar un nuevo concurso para gestionar las cuentas bancarias de las Cortes, el Congreso, el Senado, la Junta Electoral Central y del Defensor del Pueblo.
El concurso se ha realizado mediante procedimiento negociado con publicidad y por tramitación urgente. Las propias Cortes justifican este trámite acelerado alegando que hay que «reducir la situación de precario del contrato del anterior adjudicatario debido a la onerosidad del mismo, como consecuencia de las exigencias del Banco Central Europeo en relación con la facilidad de depósito».
El contrato, cuyo abono correrá a cargo de los remanentes presupuestarios de las Cortes, tiene un presupuesto base de licitación de 682.351,78 euros y está exento de IVA. Para el precio se ha tomado como referencia el tipo de facilidad de depósito que aplica el Banco de España en la remuneración de los depósitos de las administraciones públicas no relacionados con la política monetaria y que actualmente está fijada en 0,5%.
En concreto, se ha aplicado dicha facilidad de depósito a los saldos medios de las cuentas operativa de gastos y diferentes cuentas auxiliares que precisa cada institución referidos al año 2019, actualizado al incremento presupuestario para 2021 en cada organismo. A esta estimación del coste anual de mantenimiento de las cuentas objeto se ha añadido un porcentaje del 8% para remunerar el servicio de gestión.
SALDO DEL CONGRESO: 33,69 MILLONES
Por instituciones, la previsión es que teniendo en cuenta sus presupuestos para 2021, las Cortes tendrán un saldo total de 21,56 millones; el Congreso otros 33,69; el Senado de 15,80 millones; el Defensor del Pueblo de 4,28 millones y la JEC de 462.318 euros.
A diferencia de convocatorias anteriores de este tipo, en esta ocasión no se fija como requisito a las entidades que compitan para hacerse con el contrato la apertura de oficinas institucionales en ambas Cámaras, aunque se valorará si lo incluyen en sus oferta. Actualmente es CaixaBank la que opera en el Congreso y el Senado y la que ahora ahora gestionaba sus cuentas.
Así, el pliego de prescripciones técnicas, recogido por Europa Press, detalla que la adjudicataria deberá hacerse cargo de la apertura y mantenimiento de las cinco cuentas corrientes principales y de la auxiliares que pueda requerir cada una de estas instituciones.
Y ahí ya especifica que los abonos a estas cuentas se producirán principalmente por traspasos del Tesoro Público o ingreso de cheques del Banco de España o cualquier otro que se derive de la tesorería de las Cámaras, la JEC y el Defensor del Pueblo.
Además de estas cuentas corrientes operativas se abrirán cinco cuentas de ingresos que, si lo precisan, recogerán los ingresos imputables a los presupuestos de las cinco instituciones, así como cuentas auxiliares donde, por ejemplo, el Congreso acumulará sus ingresos por la venta de artículos de su tienda o de sus publicaciones.
EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, NI GASTOS NI COMISIONES
El pliego del concurso deja claro que todas estas cuentas «deberán estar exentas de todo tipo de gastos y comisiones de administración, mantenimiento y descubierto» y que no se podrán cobrar comisiones o gastos por transferencias nacionales y extranjeras ya sean en euros u otras monedas, la compra y venta de divisas, los ingresos en efectivo, la emisión de cheques y su uso, la de cheques nominativos por la entidad bancaria, los pagos en moneda extranjera o la intervención de bancos intermediarios.
«Por la prestación de los servicios, la entidad bancaria no podrá descontar ni exigir cantidad alguna a ninguno de los titulares de las cuentas ni a los perceptores y/o acreedores», rezan también el pliego aprobado por las Mesas de las Cortes Generales.
Y mientras no se resuelva el concurso, los fondos de estas cinco instituciones han quedado depositados en el Banco de España, que sigue ‘ganando’ clientes institucionales. El nuevo contrato de servicios bancarios de la Cortes se iniciará a partir del 1 de mayo de 2021 y se extinguirá el 31 de diciembre de 2022, con posibilidad de una prórroga de un año.
