Desde el próximo 1 de julio, plataformas como Airbnb y Booking asumirán un nuevo rol en el mercado del alquiler vacacional, el de “inspectores”, un rol que según los representantes de ambas plataformas, ellos no han solicitado. Así lo establece la orden ministerial publicada en el BOE, que obliga a estos gigantes digitales a remitir mensualmente a la Administración un detallado informe sobre los arrendamientos gestionados a través de sus portales.
Esta información incluirá desde la dirección exacta del inmueble hasta el número de huéspedes por noche, pasando por la URL del anuncio, el país de origen de los inquilinos o las fechas exactas del alquiler. Todo ello deberá ser enviado durante los primeros quince días de cada mes a través de una nueva Ventanilla Única Digital.
El objetivo de esta medida es claro, reforzar el control sobre el mercado de alquiler de corta duración, garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística y facilitar las inspecciones por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos, vamos que los controles vienen con fuerza para los años próximos.
Además, todas las viviendas anunciadas en estas plataformas deberán contar con un número identificativo oficial emitido por el Registro de la Propiedad (otro tema polémico), un requisito que no podrá eludirse y que costará 27 euros más IVA. Sin ese número, el anuncio será automáticamente desactivado. Así, Airbnb y Booking no solo intermediarán en el alquiler, sino que pasarán a ser un canal clave de supervisión para las autoridades.
Las plataformas deberán remitir mensualmente datos clave como dirección, número de noches alquiladas y procedencia de los huéspedes
A partir del 1 de julio, plataformas como Airbnb y Booking estarán obligadas a enviar cada mes una serie de datos detallados a la Administración sobre los arrendamientos gestionados a través de sus portales, un trabajo que según las propias plataformas no pidieron y ahora básicamente pasan a ser responsables. Este envío se realizará durante los primeros quince días del mes siguiente al arrendamiento, a través de la nueva Ventanilla Única Digital, un sistema diseñado para centralizar y automatizar la recopilación de información por parte de las autoridades competentes.
Los datos exigidos incluyen la dirección exacta del inmueble, el número de noches alquiladas, el número de huéspedes por noche, su país de procedencia, las fechas de inicio y fin del contrato, la URL del anuncio y el número de registro oficial del alojamiento, una gran cantidad de información que los encargados de los hoteles no agradecen. Con esta medida, el Ministerio de Vivienda pretende ejercer un mayor control sobre el mercado del alquiler turístico y garantizar el cumplimiento normativo en un sector que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años.
El nuevo sistema exigirá un número identificativo oficial para cada alojamiento publicado en portales digitales
Junto al envío mensual de información, otra de las grandes novedades de la normativa es la exigencia de un número identificativo oficial, expedido por el Registro de la Propiedad, para todos los alojamientos anunciados en plataformas digitales. Este número tendrá un coste de 27 euros más IVA y funcionará como un requisito indispensable para publicar cualquier inmueble, ya sea una vivienda completa o una habitación individual, en portales como Airbnb o Booking.
Este identificador no se emitirá si la propiedad no cumple con las normativas urbanísticas o carece de las licencias necesarias impuestas por la comunidad autónoma o el ayuntamiento correspondiente, por lo que se trata de un registro serio. En otras palabras, solo podrán operar legalmente en las plataformas digitales aquellos inmuebles que estén completamente regularizados, ¿afectara a muchos o a pocos?. Quienes alquilen por otras vías, como trato directo o intermediarios no digitales, estarán exentos de esta obligación, aunque también deberán respetar la normativa vigente en materia de arrendamientos.
La normativa busca reforzar el control administrativo sobre el alquiler turístico y combatir la economía sumergida
El objetivo principal de esta reforma es reforzar la fiscalización y trazabilidad de los alquileres turísticos, como una medida “urgente” establecida por el Gobierno central, así como reducir la economía sumergida que prolifera en este ámbito. Al obligar a las plataformas a recopilar y remitir datos de forma sistemática, el Gobierno busca dotar a las administraciones locales y autonómicas de herramientas efectivas para detectar irregularidades, realizar inspecciones y sancionar posibles incumplimientos. ¿Realmente se cumplirá esta medida? Es también una forma de proteger a los que no pueden expresarse y simplemente pasar desapercibido.
Además, la norma responde a una preocupación creciente sobre el impacto del alquiler turístico en el acceso a la vivienda y la convivencia en determinadas zonas urbanas, (un tema que plantea una gran cantidad de escenarios y sobre todo preguntas) . Con este sistema, el Ejecutivo también pretende avanzar en la protección del derecho a una vivienda digna y asequible, al tiempo que armoniza la regulación nacional con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2024/1028 sobre el mercado digital de alquileres de corta duración. ¿De qué manera está dispuesto a ayudar el gobierno?
