La polémica continúa en las ciudades donde ya se han declarado las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que se han convertido en uno de los focos de mayor controversia en las grandes urbes españolas. Aunque el objetivo declarado es reducir la contaminación y fomentar una movilidad más sostenible, las restricciones impuestas a determinados vehículos están generando un creciente malestar entre miles de conductores.
Esta vez el cuestionamiento sobre su funcionalidad viene de la mano de quienes poseen vehículos sin etiqueta ambiental, y que hay que reconocer, se trata de un grupo bastante grande conductores afectados, ya que se sienten directamente penalizados por unas normas que, lejos de ofrecer soluciones reales, les dejan en una especie de limbo: ni pueden circular con libertad ni reciben alternativas viables.
Pero es que además de este limbo o vacío legal donde se encuentran, lo que evidentemente les genera frustración, se suma una agravante que enciende aún más los ánimos: muchos de estos conductores siguen pagando el impuesto de circulación pese a no poder utilizar sus vehículos dentro del área restringida.
El sentimiento de agravio es generalizado. “Pagamos por no usarlo”, denuncian. Y es que, para quienes dependen del coche para trabajar, desplazarse o incluso llevar a sus hijos al colegio, las ZBE no solo restringen el tráfico, sino que también ahondan en una brecha social cada vez más evidente.
ZBE igual a impuestos sin servicio: el coste de mantener un vehículo inmovilizado
Ante este vacío legal lleno de interrogantes sin respuestas y donde se profundizan más fallas en la aplicación de la norma, muchos conductores se ven obligados a seguir pagando el impuesto de circulación aunque no puedan utilizar sus vehículos debido a las restricciones impuestas por las ZBE, una situación bastante inverosímil, que dice mucho sobre la falta de planificación detrás de la norma.
Esta situación ha generado un profundo malestar, ya que los ciudadanos se ven forzados a asumir un coste que consideran injusto, pues no pueden hacer uso de sus coches. La esperanza de muchos conductores, es que cuando por fin se aclare el escenario, las autoridades puedan devolver el dinero que han tenido que pagar en impuestos.
Los afectados señalan que, si bien estas medidas tienen como objetivo reducir la contaminación, no se están ofreciendo soluciones reales para quienes dependen de sus vehículos para su movilidad diaria. La falta de alternativas viables ha sido una de las críticas más comunes entre los conductores que se encuentran en esta situación. Si bien se han propuesto algunas medidas para incentivar la compra de coches eléctricos, muchas personas se sienten atrapadas en un sistema que les obliga a pagar por un servicio que no pueden utilizar.
Esta disonancia entre lo que se paga y lo que se recibe ha incrementado la frustración entre los usuarios, quienes reclaman una revisión de la normativa para evitar que los costes de estos impuestos recaigan injustamente sobre quienes ya están siendo perjudicados por la falta de infraestructura y ayudas suficientes.
Falta de alternativas y ayudas reales para adaptarse a las nuevas normativas de las ZBE
Aunque todas las transiciones son complejas, este periodo de transición hacia una movilidad más sostenible ha resultado ser especialmente mucho más compleja de lo que se esperaba, sobre todo para los conductores, quienes ven crecer su frustración con cada factura que pagan, y no encuentran alternativas viables que les permita adaptarse a esta nueva normativa de las ZBE. A pesar de los esfuerzos por fomentar el uso de vehículos eléctricos, los precios elevados de estos coches siguen siendo una barrera insuperable para gran parte de la población.
En las ciudades, entre las soluciones alternativas que han encontrado los conductores, para esta transición, está el transporte público, pero no es una solución permanente, ya que en muchas ciudades no satisfacen las necesidades de conductores que necesitan moverse con regularidad por las zonas afectadas por las restricciones. Muchos conductores, especialmente en áreas rurales o menos conectadas, se sienten abandonados por las políticas públicas, ya que no se les ha proporcionado una red de apoyo adecuada para hacer frente a los cambios.
A pesar de los anuncios gubernamentales sobre el impulso de vehículos menos contaminantes, la falta de incentivos económicos claros y la escasa disponibilidad de infraestructuras de recarga siguen siendo obstáculos significativos para una transición efectiva, aunque recientemente se ha anunciado la extensión del Plan Moves III para aquellos conductores que quieren hacerse con un coche eléctrico nuevo.
Una normativa que incrementa la brecha social entre conductores
Otro de los grandes obstáculos a los que se enfrentan estos conductores, es que son conscientes de la gran diferencia social que existe entre quienes pueden acceder sin ayudas gubernamentales a un coche eléctrico y quiénes no. Para nadie es un secreto que los conductores de rentas medias y bajas no pueden permitirse acceder a un coche eléctrico sin ayudas, por los altos costes, esto les lleva a sentirse atrapados en un círculo vicioso donde el tener que usar su coche tradicional les puede resultar incluso más costoso que un coche eléctrico.
La transición hacia una movilidad más sostenible no se puede llevar a cabo de forma exitosa sin el respaldo económico, especialmente para aquellos conductores que se sienten marginados por unas políticas que parecen concebidas únicamente para quienes pueden asumir sus costos. Este impacto “desigual” como le han definido algunos, que afecta de manera más severa a las clases menos favorecidas, pone en evidencia la necesidad de medidas inclusivas en la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Lejos de impulsar un cambio equitativo, las restricciones han acentuado las diferencias en el acceso a la movilidad.
Lo cierto es que, ante un escenario tan complejo como el que se presenta ahora mismo para muchos conductores, algunos ya se han pronunciado y han solicitado en reiteradas ocasiones a las autoridades que revisen la normativa y adopten mecanismos de apoyo más ágiles y mucho más efectivos. Su demanda es clara: que la movilidad sostenible no sea un privilegio reservado para los sectores acomodados, sino una alternativa viable y accesible para todos los ciudadanos.
