El Parlament de Cataluña ha aprobado un nuevo decreto que pone fin al vacío legal que permitía inflar los precios de los alquileres de temporada. A partir de ahora, este tipo de arrendamientos deberá cumplir los mismos topes de precio que los alquileres habituales, con la obligación de justificar el uso temporal mediante motivos laborales, médicos o de estudio.
Esta medida busca frenar la especulación inmobiliaria en zonas tensionadas como Barcelona, donde los alquileres temporales representaban hasta el 43% de la oferta. Además, el Govern ha impulsado la creación de un cuerpo de inspectores de vivienda que vigilará el cumplimiento de la normativa, revisará contratos y propondrá sanciones ante abusos, lo que demuestra la seriedad con la que Cataluña se está tomando la problemática de la vivienda.
La suma del alquiler por habitaciones tampoco podrá superar el precio límite del piso completo, un movimiento que impide fraccionar los arrendamientos para sortear la ley, una vieja costumbre que adoptaban y siguen adoptando algunos propietarios sobre todo en las grandes ciudades con el objetivo de sacar más provecho a la propiedad. Con estas acciones, las autoridades catalanas pretenden recuperar parte de la oferta residencial perdida y garantizar el acceso a una vivienda digna para la población local.
El Gobierno de Cataluña regula el alquiler de temporada para frenar el alza de precios
Con la aprobación de esta nueva normativa, el Gobierno catalán ha dado un paso firme para frenar el encarecimiento sin justificación del alquiler en ciudades como Barcelona, la nueva regulación sobre arrendamientos de temporada, constituye una posible solución para la problemática de la vivienda en la región.
A partir de ahora, los propietarios deberán justificar de forma clara y documentada el uso de este tipo de contratos, una fórmula que hasta el momento permitía eludir los límites legales establecidos y aplicar precios significativamente más altos. Y una medida que además no está bien vista por muchos propietarios que venían elaborando contratos sin justificar el tipo de alquiler de la propiedad.
La normativa, que ya ha entrado en vigor, obliga a que los contratos temporales se ajusten a finalidades específicas como traslados laborales, tratamientos médicos o estudios. De no cumplir con estos requisitos, el contrato pasará automáticamente a considerarse de vivienda habitual, lo que implicará la aplicación de los topes de precio fijados por la ley de vivienda vigente en Cataluña.
Nuevos controles e inspecciones para garantizar el cumplimiento
Con esta medida, la Generalitat no solo ha reforzado el marco legal existente para controlar la problemática de la vivienda, sino que también ha diseñado un sistema de control más estricto para asegurar su cumplimiento. Se ha puesto en marcha un cuerpo de inspección especializado que tendrá la misión de revisar contratos, detectar prácticas abusivas y sancionar a quienes traten de sortear las nuevas restricciones.
El problema, que muchos ven con la creación de este cuerpo de inspectores, es además de la suma de más burocracia al proceso y por supuesto, la posibilidad de que se genere la “trampa” durante el proceso. Este equipo contará con herramientas específicas para cruzar datos entre administraciones, acceder a plataformas de alquiler y actuar de oficio ante sospechas de irregularidades.
Con estas medidas, el Govern quiere lanzar un mensaje claro: el tiempo de la especulación sin consecuencias ha terminado. Es una medida que los habitantes de la región esperaban, porque viene a fortalecer la lucha del Gobierno catalán contra la especulación en materia de alquileres.
Adiós a los contratos por habitaciones como vía de escape legal
El Ejecutivo catalán ha cerrado otra de las principales grietas por donde se escapaban los límites de alquiler: los contratos por habitaciones. Hasta ahora, muchos propietarios dividían sus inmuebles y alquilaban cada estancia por separado, lo que les permitía obtener ingresos superiores al precio máximo legal del piso completo.
Con la nueva regulación, esta práctica queda sujeta a los mismos topes que rigen para un contrato único. Es decir, la suma total de los alquileres individuales no podrá superar el límite que tendría el inmueble como unidad. Esta medida, además de dificultar la especulación, busca proteger a los inquilinos de precios abusivos y contratos precarios, y es que al final este tipo de normativa lo que buscan es proteger a los más débiles en la cadena.
Ahora bien, una vez entrada en vigor esta nueva normativa, solo queda esperar a que el tiempo ofrezca resultados para evaluar su eficacia, que para el bien de los habitantes de ciudades como Barcelona, se espera sean positivos.
