El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y nulo el artículo 65 de la Ley 18/2023 de la Comunidad de Madrid, impulsada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que limitaba la capacidad de asociaciones LGTBI para personarse en procesos judiciales y administrativos sancionadores.
La decisión responde al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central, que alegaba que la norma madrileña invadía competencias exclusivas del Estado sobre legislación procesal y procedimiento administrativo común. La sentencia ha contado con 11 votos a favor y uno en contra, del magistrado conservador José María Macías.
El artículo ahora anulado fue introducido en una reforma de la ley contra la LGTBIfobia aprobada en 2016. El cambio, impulsado en diciembre de 2023 por el ejecutivo regional con mayoría del Partido Popular y apoyo de Vox, restringía que entidades defensoras de derechos LGTBI actuaran legalmente en defensa de víctimas, incluso con su consentimiento.
Desde el Gobierno central, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha celebrado el fallo del tribunal como “el fin del intento de recorte de derechos de las personas LGTBI por parte de Ayuso”. La ministra ha añadido que se trata de un paso necesario para “recuperar derechos que se pretendían limitar”.
Organizaciones del colectivo LGTBI como la Federación Estatal LGTBI+, la Plataforma Trans y Arcópoli han calificado la sentencia como una “victoria de la justicia y de los derechos fundamentales”, en un contexto que denuncian de “auge del odio”.
Por su parte, desde la Comunidad de Madrid, el consejero y portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha defendido la reforma legal y ha señalado que “el resto de la ley queda intacto”.
Aunque esta resolución solo afecta al artículo recurrido, el Constitucional mantiene suspendidos otros preceptos de la ley Trans y LGTBI madrileña, también impugnados por el Ejecutivo central, como el que exigía informes psicológicos a menores trans para iniciar tratamientos de transición.
El origen del conflicto entre la comunidad LGTBI y Ayuso: una reforma autonómica polémica
Hay que recordar que la polémica surgió cuando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso impulsó una reforma legislativa en la Asamblea de Madrid, en un intento por modificar aspectos clave de las leyes autonómicas LGTBI y Trans, aprobadas en 2016 con un amplio consenso parlamentario.
En ese momento, se eliminó la capacidad de las asociaciones LGTBI para formar parte de los procedimientos sancionadores contra conductas discriminatorias. Esta medida, tal y como era de esperar, desató inmediatamente una ola de críticas desde diversos sectores (social y político) por considerar que debilitaba el papel de la sociedad civil en la protección de los derechos del colectivo.
Lo cierto es que, desde su aprobación, esta reforma, como ha sido catalogada, fue interpretada como un retroceso en materia de igualdad, ya que suponía una supresión de mecanismos de participación activa de entidades históricas en la defensa de las personas LGTBI.
Aunque la Comunidad de Madrid argumentó que buscaba “garantizar la seguridad jurídica” y “evitar duplicidades sancionadoras”, diversos colectivos denunciaron una merma en la eficacia de las políticas públicas de inclusión y prevención de la discriminación, especialmente en contextos escolares y laborales.
La respuesta del Gobierno central y el papel del Constitucional
En ese momento, el Gobierno de Sánchez reaccionó con mucha firmeza y llegó a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el proceder de la Comunidad de Madrid. Se consideró que la reforma de Ayuso vulneraba los principios fundamentales de la Comunidad LGTBI+, se mencionaron entre los derechos vulnerados, el derecho a la igualdad y el deber de los poderes públicos de proteger a las minorías.
Otro de los argumentos del Gobierno central en ese momento, fue la exclusión a la que se sometían a las asociaciones de los procedimientos sancionatorios, lo que contradice la jurisprudencia previa del Tribunal Constitucional, donde se reconoce la legitimidad de este colectivo como actores protagonistas en la defensa de sus derechos. La sentencia del Tribunal Constitucional, conocida recientemente, ha dado la razón al Ejecutivo al declarar inconstitucional la modificación impulsada por el Gobierno regional.
El fallo del Tribunal Constitucional reciente, expone que el intento de la Comunidad de Madrid de impedir la participación de las asociaciones LGTBI+ en procesos sancionadores limita injustificadamente su papel institucional y obstaculiza el cumplimiento de la función que las administraciones deben asumir frente a posibles vulneraciones de derechos.
Lo cierto es que este fallo del Tribunal viene a marcar un hito en la lucha de las Comunidades Autónomas por su autonomía. Y es que con este pronunciamiento se reabre el debate sobre los límites de la autonomía legislativa de las comunidades en materias sensibles como la igualdad y la no discriminación.
Reacciones enfrentadas y el pulso político que se intensifica
Este fallo por parte del Tribunal Constitucional, captó la atención de varios sectores, quienes no tardaron en reaccionar. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso inmediatamente criticó la decisión y la interpretó como una intromisión del Gobierno central en competencias autonómicas.
Defendió además Ayuso, su argumento inicial, sobre la reforma como un ejercicio de “responsabilidad institucional” y reiteró que su objetivo nunca fue debilitar los derechos del colectivo, sino mejorar la seguridad jurídica de los procedimientos administrativos.
Lo curioso es que mientras todo esto ocurre, las asociaciones LGTBI celebraron el fallo como una “victoria colectiva” y exigieron la restitución inmediata de los mecanismos que les permitían actuar frente a conductas discriminatorias. Desde el Gobierno central, varios ministros aprovecharon la ocasión para advertir que seguirán recurriendo cualquier iniciativa legislativa autonómica que, a su juicio, atente contra los avances en derechos y libertades. La sentencia, por tanto, no solo zanja un debate legal, sino que refuerza un pulso político más amplio en torno a la igualdad y el alcance de la acción institucional.
