El Ministerio de Salud ha anunciado su intención de incorporar, por primera vez, las gafas y lentillas a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), priorizando a la población infantil y a las familias en situación de vulnerabilidad económica. Esta iniciativa, que se encuentra en fase de tramitación, plantea destinar 48 millones de euros y se implementará a través de ayudas directas para los beneficiarios.
El principal objetivo de este proyecto es abordar una carencia histórica del sistema sanitario español: la exclusión de productos ópticos fundamentales, a pesar de que millones de personas requieren corrección visual para llevar una vida cotidiana plena. El Gobierno sostiene que el acceso a gafas graduadas o lentillas no debería depender exclusivamente del nivel de ingresos, especialmente en lo que respecta a los menores de edad.
La próxima ley de gafas y lentillas gratis
La propuesta de ofrecer gafas y lentillas gratuitas para menores, además de ayudas para adultos, fue impulsada por el Parlamento de Andalucía y obtuvo la aprobación unánime de la cámara autonómica, gracias al grupo Adelante Andalucía. José Ignacio García, diputado del Parlamento de Andalucía, enfatizó: «Hay millones de personas en todo el país que no pueden permitirse las gafas y las lentillas, algo tan básico. Estas han pasado a ser más un artículo de moda que una necesidad de salud». La iniciativa ha sido aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados y está a la espera de su implementación.
La salud visual en la infancia es crucial para el desarrollo educativo, emocional y social de los niños. Sin embargo, muchos menores no reciben la atención óptica que requieren debido a limitaciones económicas. El precio de unas gafas graduadas puede superar los 150 o 200 euros, mientras que el coste mensual de las lentillas puede ascender a 30 euros, una carga que resulta difícil de afrontar para numerosas familias de bajos ingresos.
Organizaciones sanitarias y educativas advierten que los problemas visuales no corregidos durante la infancia están relacionados con un bajo rendimiento escolar, dificultades de concentración y aislamiento social. A menudo, los menores no son capaces de identificar sus problemas de visión o se acostumbran a ver con dificultades, lo que dificulta aún más una intervención oportuna.
La diputada socialista María del Pilar Navarro ha destacado que «es el momento de que el Estado, a través de la Seguridad Social, asuma esta prestación básica», con el fin de que el derecho a ver bien deje de considerarse un «lujo».
«La pobreza visual» en España
A pesar de que el sistema público de salud cubre las revisiones oftalmológicas, no financia la adquisición de gafas ni lentillas, salvo en casos excepcionales relacionados con discapacidades reconocidas. Esta limitación ha creado una brecha considerable: miles de personas diagnosticadas no pueden acceder al tratamiento visual debido a la falta de recursos económicos.
Se estima que más de 700.000 menores en España, así como 6 millones de adultos, podrían necesitar una revisión ocular, lo que ha dado lugar a lo que se conoce como «pobreza visual», resultado de factores económicos y sociales. Según el Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, alrededor del 9% de los niños españoles se enfrenta a esta problemática. Muchos de estos menores provienen de hogares con dificultades financieras, donde el coste de las gafas compite con necesidades básicas como la alimentación, el transporte y la vivienda.
Funcionamiento previsto
La iniciativa se implementará, según las primeras informaciones, a través de ayudas económicas que cubrirán parcialmente el coste de gafas y lentillas para adultos, y de manera total para los menores. Sin embargo, no se ha informado de cuándo entrará en vigor. Las condiciones específicas, que incluirán el umbral de ingresos, la edad de los beneficiarios, la frecuencia de la ayuda y las características de los productos subvencionables, se establecerán en colaboración con las comunidades autónomas, que son las responsables en materia de sanidad.
Una de las alternativas a considerar es la posibilidad de firmar convenios con ópticas acreditadas, lo que permitiría a los beneficiarios acceder directamente a los productos sin necesidad de adelantar el pago. También se podría implementar un sistema de reembolso simplificado. El plan contemplará criterios técnicos para prevenir abusos o fraudes, tales como límites económicos, controles de calidad y revisiones periódicas de los servicios ofrecidos.
Francia, Reino Unido y Alemania, países referente para España
La iniciativa sitúa a España en la senda de países como Francia, donde el sistema de salud pública cubre el coste de las gafas graduadas desde 2020, siempre que se presente una receta médica y se cumplan ciertas condiciones, como un límite de precio en las monturas. En el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud (NHS) ofrece ayuda para la compra de gafas a personas en situaciones económicas desfavorables y garantiza revisiones de vista gratuitas, además de trabajar para asegurar que todos tengan acceso a estas pruebas. Alemania, por su parte, integra subsidios en su sistema de salud pública para niños menores de 18 años y para adultos con problemas visuales significativos.
Más allá de Europa, Ruanda se distingue por ser el primer país con bajos ingresos en haber implementado servicios de optometría gratuitos para toda su población desde 2018 . Este programa permite a los ciudadanos acceder sin coste a revisiones y gafas, destacando un enfoque inclusivo en la atención ocular. Estos ejemplos evidencian la necesidad de garantizar la salud visual como un derecho fundamental y subrayan la importancia de acciones similares en España para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a una atención óptima.
