Hace tan solo unos días, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la aprobación de la nueva ley contra el desperdicio alimentario que establece nuevas obligaciones para bares y supermercados en la gestión de los excedentes de alimentos. La normativa obliga a las superficies a donar productos aptos para el consumo antes de que se conviertan en residuos.
Considerada una iniciativa pionera en Europa que tiene el objetivo de reducir el despilfarro de alimentos en la cadena alimentaria, esta Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario busca por un lado la redistribución de comida apta para el consumo gracias a acuerdos con bancos de alimentos y entidades sociales y, por otro, cumplir una labor de sensibilización y concienciación de la sociedad para promover hábitos de consumo responsables.
Sin embargo, la ley no está exenta de polémica. La primera, de hecho, surgió porque se aprobó a su vez una disposición que permite la caza de lobos en distintas regiones de España, pero el trasfondo de la ley contra el desperdicio alimentario va mucho más allá. Sin ir más lejos, la burocracia que existe detrás puede provocar que aumente el coste de los alimentos para las empresas, volviéndola una regulación inviable.
La ley contra el desperdicio alimentario no garantiza alimentación a familias vulnerables
A pesar de que la meta 12.3 de los ODS se ha marcado reducir a la mitad el desperdicio de alimentos en los hogares y reducir las pérdidas de alimentos en las primeras etapas de la cadena alimentaria, según Naciones Unidas todavía el 40 % de los alimentos se pierde o desperdicia a lo largo de la cadena alimentaria«, explica Begoña Pérez-Villarreal, directora de EIT Food en el Sur de Europa.
Estando de acuerdo con el objetivo principal de la legislación, que pone énfasis obligación de que bares y restaurantes ofrezcan envases para llevarse las sobras, la exigencia de que los supermercados entreguen sus excedentes y la imposición de protocolos para evitar que la comida acabe en la basura, las agrupaciones destacan que hay muchos otros aspectos que no se han tenido en cuenta. Por ejemplo, yendo a los datos, el 89% de consumidores afirma que ya pide llevarse la comida sobrante cuando sale a comer fuera de casa, según la Asociación de Empresas de Gran Consumo (AECOC).
También asociaciones como la Fundación Madrina han alertado sobre un posible incremento de precios. Portavoces de este proyecto con 25 años de antigüedad centrado en la infancia y la maternidad más vulnerable -con contacto directo con familias de madres jóvenes con dificultades sociales o pocos recursos económicos- denuncian que la ley no aborda el problema principal: una posible subida de precios y no garantizar el acceso a la alimentación para las familias más vulnerables.
«La nueva normativa generará un aumento del precio de los alimentos que se pagará en las cadenas de distribución y en los bares, resultando en precios más caros por menos comida«, explica Conrado Giménez-Agrela, presidente de la fundación. «Existe una clara desconexión entre la administración de Agricultura y la realidad social de las familias en general y de las más vulnerables, que se pretende ayudar», comenta.
Y es que, siendo cierto que la cadena de suministro produce pérdidas y desperdicios desde la producción y distribución hasta el consumo final del usuario, los hogares constituyen el principal foco de desperdicio. Si echamos un vistazo a los datos públicos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, vemos que los hogares españoles desperdician 1.214 millones de toneladas de alimentos al año.
La situación es especialmente delicada si desglosamos los datos de pobreza infantil en España. Nuestro país es el que más pobreza infantil tiene de toda Europa, y buena parte de ella procede de familias de madres de familias vulnerables. El Estado solo destina un 1 % de los fondos a alimentar a la población en pobreza extrema tras la eliminación en 2025 de los fondos europeos para familiar en pobreza severa. «Mientras se legisla sobre el desperdicio alimentario, paradójicamente se están recortando las ayudas directas de alimentos a quienes más lo necesitan», destaca Giménez-Agrela.
Una ley que deja muchas preguntas
De igual forma, las asociaciones no entienden que la ley tenga tantas excepciones que complican el alcance real de la legislación, no quedando claro y meridiano quién va a tener que cumplir con la normativa y quién no. Por ejemplo, se excluye a las pequeñas empresas de tener que aplicar esto, siendo los lugares en los que más desperdicio se genera dentro del mercado laboral.
La ley contempla sanciones por su incumplimiento que van desde infracciones leves, como eludir la donación de alimentos aptos para el consumo que no se han vendido, a graves, como la discriminación en el reparto de alimentos o la destrucción de los mismos. Las primeras se sancionarían con hasta 2.000 euros, mientras que las segundas comprenden multas que oscilan de 2.001 euros a 60.000.
Sin embargo, la ley contra el desperdicio alimentario no exige el análisis ni la medición en todos los eslabones de la cadena alimentaria, lo que provoca una problemática evidente. No hay una medición obligatoria de ello, y sin datos precisos es prácticamente imposible evaluar si lo aplicado realmente se traduce en un efecto real, poniendo trabas a las labores de detección de cumplimiento.
Como soluciones a corto plazo, las asociaciones proponen una revisión de la ley contra el desperdicio alimentario junto a las entidades de reparto de alimentos, con el fin de que no acabemos encontrándonos con costes más caros por la implementación de las obligaciones.
Piden diferenciar entre el desperdicio y la pérdida de alimentos para adoptar soluciones específicas. La pérdida sucede cuando los alimentos se estropean o se pierden en las distintas etapas de la cadena de valor (sector primario y transporte), mientras que el desperdicio se da cuando los alimentos que completan la cadena no son consumidos porque se desechan, dejando que se caduquen.
Indistintamente se solicita que se lleven a cabo medidas específicas de apoyo a las familias vulnerables, sobre todo a aquellas con menores a cargo, y exigen una cobertura del 100 % de la pobreza extrema en España.
