El universo de los vehículos históricos es sumamente fascinante para coleccionistas y aficionados al motor. Sin embargo, poseer un automóvil clásico en España implica cumplir con normativas específicas de la Dirección General de Tráfico (DGT). Estas regulaciones buscan preservar el patrimonio automovilístico y garantizar la seguridad vial, pero también pueden generar sanciones considerables si no se respetan. Uno de los aspectos más críticos es la matrícula del vehículo, ya que una identificación incorrecta puede acarrear multas de hasta 6.000 euros.
Si bien los propietarios de estos vehículos buscan mantener la autenticidad de sus coches con matrículas originales, la DGT establece requisitos claros sobre cuándo y cómo deben usarse. La confusión entre las matrículas antiguas, personalizadas y las oficiales puede generar problemas legales. En este artículo, explicaremos en detalle la normativa vigente, los requisitos para la matriculación de vehículos históricos y las sanciones que impone la DGT por incumplir estas reglas.
1¿Cuándo se considera un vehículo histórico según la DGT?
La DGT considera histórico un vehículo si cumple requisitos específicos, siendo el principal tener al menos 30 años desde su fabricación o primera matriculación. Sin embargo, no todos los autos antiguos obtienen esta clasificación automáticamente, ya que deben cumplir otras condiciones adicionales. Esta categoría busca preservar aquellos modelos con valor cultural, histórico o técnico, distinguiéndolos del resto.
Para ser catalogado como histórico, la DGT evalúa factores como su valor cultural (por ejemplo, si está inscrito en el Patrimonio Histórico Español), su relevancia histórica (vinculación a personalidades o eventos importantes) o su singularidad (modelos escasos o únicos). Estos criterios garantizan que solo los vehículos con verdadero significado accedan a esta denominación, protegiendo así su legado.
Una vez reconocido como histórico, el propietario debe seguir un trámite específico que incluye un informe de laboratorio oficial, la aprobación de la comunidad autónoma y la validación final de la DGT. Este proceso asegura que el vehículo cumpla con los estándares requeridos, facilitando su matriculación especial y garantizando su preservación como parte del patrimonio automovilístico.
