El Ministerio del Interior ha puesto en marcha el III Plan de Lucha contra los Delitos de Odio, o como ya le han denominado algunos, el “Plan Marlaska”. Se trata de una iniciativa que refuerza la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil frente a estas infracciones, que según los datos del propio ministerio son más frecuentes de lo que parecen.
El plan, impulsado por el ministro Fernando Grande-Marlaska, busca, entre otros objetivos, mejorar la prevención, detección y respuesta ante incidentes motivados por razones de discriminación, un plan sin desperdicio y que ya existe en muchos países. Sin embargo, a pocas horas de su presentación, el plan ya ha suscitado críticas desde distintos sectores, que advierten sobre los riesgos de una posible limitación a la libertad de expresión.
El plan, que a simple vista parece bastante ambicioso, contempla medidas básicas y claves como, el refuerzo de unidades especializadas, la capacitación de agentes y una mayor cooperación con organizaciones civiles, que funcionarán como puente entre los organismos policiales y las víctimas.
Algunas asociaciones y grupos políticos han expresado su preocupación por la ambigüedad de ciertos criterios y el margen de interpretación que podrían tener las autoridades a la hora de actuar, y es que el tema de los delitos de odio o la discriminación siempre han generado polémica justamente por los errores en su interpretación. En este contexto, el debate sobre la delgada línea entre la protección de derechos y la censura se intensifica.
Plan Marlaska: Más recursos y formación para las fuerzas de seguridad
El III Plan de Lucha contra los Delitos de Odio prevé múltiples medidas, una de las más importantes es el incremento de recursos para la Policía Nacional y la Guardia Civil, con el objetivo de mejorar la identificación y persecución de estos actos. Sin duda, una medida que los organismos policiales involucrados agradecen, dadas las condiciones en las que muchas veces tienen que enfrentar este tipo de delitos.
El documento oficial señala que se crearán nuevas unidades especializadas y se potenciarán las ya existentes, dotándolas de mayores herramientas tecnológicas y reforzando la colaboración con organismos nacionales e internacionales.
Asimismo, el plan establece un programa de formación continua para los agentes, con cursos específicos sobre el tratamiento de víctimas y la identificación de discursos de odio en redes sociales. Otra medida que sobre todo las Asociaciones y minorías en el país agradecen, porque existe desconocimiento sobre el tema en muchos sectores.
La capacitación pretende reducir la infradenuncia y garantizar una respuesta eficaz ante estos delitos, aunque persisten dudas sobre la interpretación que las fuerzas de seguridad puedan hacer de ciertos casos.
Preocupación por la posible censura y arbitrariedad
La presentación del plan, ha generado muchas interrogantes, pero sobre todo preocupación en algunos sectores de la población, sobre todo por el peligro supuestamente “inminente” que existe de que estas medidas conlleven una restricción de libertades básicas, y esto se debe justamente al desconocimiento que existe sobre el tema, no solo a nivel de organismos policiales, sino de la población en general.
Ya algunos críticos de la iniciativa señalan que el concepto de «delito de odio» puede ser subjetivo y susceptible de una aplicación discrecional por parte de las autoridades, lo que generaría un escenario de incertidumbre jurídica y represión de opiniones legítimas.
Por su parte, y como era de esperarse, ya diversos colectivos han alertado de que la persecución de estos delitos podría derivar en un control excesivo del discurso público, por ejemplo, afectando especialmente a periodistas y activistas.
De hecho, desde la oposición política, se ha acusado al Gobierno de utilizar este plan como una herramienta para silenciar ciertas posturas ideológicas bajo el pretexto de combatir la discriminación.
Balance entre seguridad y derechos fundamentales
A pesar de las críticas de algunos sectores, el Ministerio del Interior y el Gobierno en general, defienden la necesidad de este plan para garantizar una sociedad más justa y segura. El argumento del ministerio de Marlaska es bastante claro, el incremento de delitos de odio en España exige una respuesta firme y contundente, algo que hasta el momento parece que no se ha logrado en España.
Según los últimos informes oficiales, las infracciones por motivos de discriminación han aumentado en los últimos años, lo que justificaría una mayor implicación de las fuerzas de seguridad en su erradicación. Y este incremento del que hablan las autoridades, según las asociaciones, no hace justicia a una realidad que en la mayoría de los casos no llega a denunciarse.
Sin embargo, el desafío parece ser bastante ambicioso, pues se trata de encontrar un equilibrio entre la lucha contra el odio y la protección de los derechos fundamentales, he aquí el gran reto del Gobierno actual. Mientras el Gobierno insiste en que la normativa no vulnerará la libertad de expresión, sus detractores mantienen que cualquier restricción en este ámbito debe ser analizada con cautela para evitar derivaciones autoritarias.
De momento, el debate sigue abierto y, con la aplicación del plan en marcha, las consecuencias de esta estrategia pronto comenzarán a hacerse visibles. Se requiere tiempo para poder evaluar el éxito de las medidas contempladas en el “Plan Marlaska”.
