La administración de Donald Trump ha dado un nuevo giro en las relaciones comerciales con Venezuela al anunciar una medida muy restrictiva. A partir del 2 de abril de 2025, cualquier país que compre petróleo o gas venezolano deberá pagar un arancel del 25 % sobre su comercio con Estados Unidos.
La justificación oficial se centra en la supuesta entrada de grupos criminales venezolanos en territorio estadounidense, específicamente mencionando al Tren de Aragua, recientemente designado como organización terrorista. Esta decisión coincide con la deportación de casi 200 migrantes venezolanos acusados de pertenecer a dicha banda criminal.
«Estamos en proceso de devolverlos a Venezuela. ¡Es una gran tarea! Además, Venezuela ha sido muy hostil hacia Estados Unidos y las libertades que defendemos», ha declarado Donald Trump.
Impacto de los nuevos aranceles de Estados Unidos
La medida genera importantes consecuencias en el mercado energético global. La petrolera estadounidense Chevron, que opera en Venezuela bajo licencia especial, ha recibido una extensión de su permiso hasta el 27 de mayo. Esta situación contrasta con la política anterior de la administración Biden, que en 2022 había flexibilizado las restricciones permitiendo a Chevron reanudar sus operaciones en el país caribeño.
El decreto de la Casa Blanca establece que el Gobierno estadounidense tendrá la discreción de determinar a qué países se aplicará el arancel, creando incertidumbre en el mercado internacional del petróleo. Esta medida podría afectar significativamente a las relaciones comerciales internacionales y al precio global del crudo.
Respuesta del gobierno venezolano a Trump
El presidente Nicolás Maduro ha respondido asegurando que Venezuela continuará su producción y comercialización de hidrocarburos con sus aliados internacionales. El mandatario venezolano ha enfatizado la independencia económica de su país, destacando un modelo económico «Made in Venezuela» que busca diversificarse más allá de la dependencia petrolera.
Por su parte, el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, ha calificado la medida como una violación de diversos acuerdos internacionales, incluyendo el GATT y los principios de la OMC. «Estas normas fueron creadas precisamente para evitar que un país utilice el comercio como un arma de presión política contra otros», ha explicado Gil, adelantando que Venezuela «ejercerá todas las acciones pertinentes ante los organismos internacionales para hacer valer sus derechos y denunciar esta nueva violación del orden económico mundial».
Esta nueva tensión diplomática y comercial entre ambos países podría tener repercusiones significativas en el comercio internacional y en la estabilidad económica regional. La medida representa un nuevo capítulo en las complejas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, con potenciales efectos en el mercado energético global y las alianzas comerciales existentes.
