El Ayuntamiento de Barcelona sorprendió a más de uno al tomar la drástica de decisión de eliminar todas las licencias de viviendas de uso turístico para 2028, poniendo fin a un modelo regulado que ha permitido combatir la oferta ilegal y aportar beneficios económicos a la ciudad. Expertos del sector advierten que esta medida podría generar un repunte de la oferta clandestina, afectar la economía local y reducir la disponibilidad de alojamiento para visitantes.
Desde el anuncio, los especialistas en urbanismo y economía urbana han coincidido en la necesidad de regular, pero no prohibir, y han propuesto soluciones que permitan equilibrar el derecho a la vivienda con el atractivo turístico de Barcelona.
La decisión del gobierno municipal ha desatado una ola de críticas por parte de urbanistas y economistas, quienes advierten que la medida podría tener consecuencias negativas para el mercado inmobiliario y el sector turístico.
Por un lado, el Ayuntamiento de Barcelona defiende la necesidad urgente además de frenar la especulación en materia de vivienda que se viene apoderando del mercado inmobiliario en la ciudad, y garantizar el acceso a la vivienda para los residentes, y por otro, los especialistas alertan sobre un posible efecto contrario: una mayor presión sobre el alquiler tradicional y la proliferación de ofertas clandestinas fuera del control de las administraciones.
Desde el Ayuntamiento insisten en que la limitación de licencias y el refuerzo de las inspecciones son claves para combatir la turistificación y evitar que los vecinos sean expulsados de sus barrios. Sin embargo, voces autorizadas en el ámbito económico señalan que la falta de alternativas para los propietarios puede derivar en una reducción de la oferta y, en consecuencia, en un encarecimiento de los arrendamientos convencionales.
El verdadero problema de esta radicalización de medidas es que podría afectar, según los expertos en turismo, a la competitividad de Barcelona como destino, beneficiando a otras ciudades con regulaciones más flexibles y en muchos inexistentes.
De esta manera, Barcelona se encuentra en un punto de inflexión, con dos posturas totalmente diferentes que plantean un dilema complejo para el crecimiento de la ciudad: proteger el derecho a la vivienda o salvaguardar la actividad económica vinculada al turismo.
El plan del Ayuntamiento: restricciones más duras para frenar la turistificación
El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido endurecer las restricciones sobre los pisos turísticos, el objetivo de hecho es poder eliminar esta práctica de manera gradual hasta el 2028, en un intento por frenar la turistificación y garantizar el acceso a la vivienda para los residentes.
La nueva normativa ha contemplado varias medidas para hacer frente a esta problemática: reforzar el control sobre los alojamientos de corta estancia, la reducción drástica de licencias y un aumento en las sanciones para quienes operen de forma irregular. Además, se reforzará la vigilancia para evitar que propietarios y plataformas (tal es el caso de Airbnb) esquiven la normativa a través de alquileres fraudulentos o figuras legales ambiguas.
La justificación del Ayuntamiento de Barcelona es bastante clara: evitar la expansión descontrolada de los pisos turísticos y, de esta manera, poder frenar los precios del alquiler convencional, que han desplazado a los vecinos de la ciudad de sus barrios tradicionales.
De acuerdo a los datos proporcionados por el Ayuntamiento, la práctica del alquiler turístico ha crecido casi de manera alarmante en los últimos años. El número de viviendas destinadas a este tipo de alquiler ha crecido exponencialmente en la última década, provocando un impacto directo en la oferta de vivienda habitual, ya que muchos propietarios encuentran más rentable el alquiler turístico. Con estas restricciones, el gobierno local espera frenar el fenómeno y devolver el equilibrio al mercado inmobiliario.
Los expertos advierten: efectos colaterales en el mercado inmobiliario y el turismo
La decisión del Ayuntamiento de Barcelona de ir contra los pisos turísticos no ha salido como ellos esperaban, puesto que las críticas no se han hecho esperar. Urbanistas y economistas advierten de que la prohibición podría incentivar la aparición de una oferta clandestina, dificultando aún más la regulación y el control de la actividad.
Según los datos aportados por la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) sobre el impacto económico de los pisos turísticos en Barcelona, se destaca que su eliminación pondría en peligro el 1,9% del PIB de la ciudad y más de 40.000 puestos de trabajo.
A pesar incluso de las críticas de la población, que percibe un aumento de las molestias generadas por este tipo de alojamientos, los expertos coinciden en que no existe una relación entre los pisos turísticos y el encarecimiento de los alquileres. La eliminación de las licencias afectaría a sectores clave como la restauración, el comercio y el ocio, cuyo impacto económico asciende a miles de millones de euros.
De acuerdo a los expertos, esta decisión de eliminar los pisos turísticos no necesariamente es sinónimo de una mayor disponibilidad de viviendas para los residentes de la ciudad, ya que muchos propietarios podrían optar por mantener los inmuebles vacíos o destinarlos a otros usos más lucrativos.
Y por si fuera poco, el sector turístico ya empieza a prepararse para el impacto en la economía local, que según los expertos podría ser fulminante. Después de todo, Barcelona es uno de los destinos más visitados de Europa y ha desarrollado una fuerte dependencia del turismo.
¿Proteger la vivienda o impulsar los pisos turísticos?
La turistificación o turismo de masa, como se le conoce al fenómeno que ataca a muchas ciudades de Europa, es más complejo de lo que parece porque la economía de estas ciudades subsiste gracias a la actividad turística. Para los expertos, el debate sobre la turistificación pone frente a frente dos visiones opuestas sobre el futuro de Barcelona.
Mientras algunos defienden que la prioridad debe ser el derecho a la vivienda y la preservación del tejido vecinal, otros insisten en que el turismo es un motor económico indispensable para la ciudad. Encontrar un equilibrio entre ambas posturas se ha convertido en una tarea difícil para el gobierno municipal, que busca evitar que Barcelona pierda atractivo sin comprometer el bienestar de sus habitantes.
A corto plazo, la aplicación de estas restricciones marcará un antes y un después en la política de vivienda de la ciudad. Si bien es cierto que las autoridades confían en que la normativa aliviará la presión sobre el mercado inmobiliario, aunque muchos expertos difieren de esta postura, queda por ver si las medidas serán efectivas o si, por el contrario, generarán nuevas distorsiones. La cuestión de fondo sigue abierta: ¿puede una ciudad con una fuerte vocación turística limitar su crecimiento sin afectar su competitividad global?
