Estos días el Congreso le ha dado sentido al refrán “gato por liebre” con la aprobación de una ley destinada a reducir el desperdicio alimentario en bares y supermercados, una medida que, en teoría, responde a una creciente demanda social por un consumo más responsable. Sin embargo, lo que podría haber sido un avance en materia de sostenibilidad se ha convertido en un auténtico escándalo legislativo.
Con la aprobación de esta ley, se ha incluido de manera encubierta una disposición que permite la caza de lobos en determinadas regiones, un punto que no figuraba en los debates previos ni en la agenda pública del proyecto. Este movimiento ha desatado la indignación de asociaciones ecologistas, grupos de protección animal y ciudadanos que acusan al Gobierno de haber utilizado una medida popular como “caballo de Troya” para aprobar una cuestión polémica sin el debido escrutinio.
El malestar que ha desatado en la población la aprobación de esta ley no solo se debe a la decisión de reabrir la caza del lobo, sino a la forma en que se ha llevado a cabo. Al incluir esta enmienda dentro de la aprobación de una ley con un propósito completamente distinto, se ha evitado un debate profundo sobre sus implicaciones ecológicas y éticas.
Y, por supuesto, las organizaciones ambientales y la población en general ya han levantado la voz para denunciar que se trata de una maniobra política que responde a la presión de determinados sectores ganaderos y cinegéticos, dejando de una lucha que los ecologistas han llevado a cabo por años, y sacrificando la protección de una especie que había logrado ser incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).
Como balance de la semana, tenemos, por un lado, a los defensores de la ley del desperdicio alimentario celebran su aprobación, y por el otro lado, la polémica en torno a la caza del lobo ensombrece lo que debería haber sido un avance en materia ambiental y social.
¿Una ley con trampa? El regreso encubierto de la caza del lobo
Con los votos del PP, Vox, Junts y PNV, se ha aprobado en el Congreso una ley destinada a reducir el desperdicio alimentario en bares y supermercados, pero lo que ha pasado desapercibido para muchos es que dentro del mismo paquete legislativo se ha incluido una enmienda que permite reanudar la caza del lobo en determinadas regiones. Este movimiento, que ha sido calificado de “maniobra política” por diversos sectores, ha generado una fuerte controversia entre ecologistas y organizaciones defensoras de la fauna.
Mientras se debatía sobre las medidas para evitar que toneladas de alimentos terminen en la basura, se daba luz verde a una reforma que supone un retroceso en la protección del lobo ibérico, especie que había sido incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial en 2021.
Lo que ha captado la atención de muchos, para bien y para mal, es el regreso de la caza del lobo, encubierto dentro de la aprobación de una legislación que poco o nada tiene que ver con la gestión de la fauna. Esto ha avivado el debate sobre la transparencia en la toma de decisiones políticas.
Lo cierto es que para muchos sectores esta jugada o “maniobra política” (como insistimos que se ha calificado) responde a la presión de ciertos sectores ganaderos y comunidades autónomas que han insistido en la necesidad de controlar la población de lobos.
Sin embargo, lo que ha generado la indignación una vez de la población, sobre todo de las organizaciones ecologistas, es la forma en que se ha introducido la medida, sin un debate específico y aprovechando una ley con una finalidad social, lo que ha desatado la indignación de expertos y ciudadanos, quienes denuncian la falta de ética en el proceso legislativo.
Asociaciones y ciudadanos denuncian la maniobra política con la caza del lobo
Pero lo bueno de vivir en democracia, es que todo el mundo puede expresar lo que siente e inmediatamente, el malestar de algunos sectores se ha hecho sentir en los medios y redes sociales. Organizaciones ecologistas, expertos en biodiversidad y ciudadanos preocupados por la conservación del lobo han denunciado lo que consideran un intento de eludir el debate público.
Lo que si es cierto, y no es del agrado de nadie seguramente, es que la aprobación de una medida con tanto impacto ambiental sea “camuflajiada” dentro de una ley sobre desperdicio alimentario no solo ha sido vista como una estrategia para minimizar la polémica, sino también como una falta de respeto al proceso democrático. Desde asociaciones como WWF y Ecologistas en Acción han señalado que esta táctica legislativa busca satisfacer intereses particulares, refiriéndose al sector ganadero y CCAA, sin el escrutinio que un tema de esta magnitud debería recibir.
En redes sociales, la indignación ha crecido con el paso de las horas, con miles de mensajes denunciando la “trampa legislativa” y exigiendo explicaciones al Gobierno. Las asociaciones han anunciado que recurrirán la medida y que explorarán todas las vías legales para frenar lo que consideran un atentado contra la biodiversidad.
Mientras tanto, los españoles, unos más sorprendidos que otros, se preguntan hasta qué punto pueden confiar en un sistema que no solo permite, sino que promueve la aprobación de normativas tan polémicas sin el conocimiento y consentimiento real de la sociedad.
¿Y qué pasa con el desperdicio alimentario? La medida que quedó en segundo plano
Paradójicamente, la medida que daba nombre a la ley ha quedado relegada a un segundo plano. La normativa establece nuevas obligaciones para bares y supermercados en la gestión de los excedentes alimentarios, obligándolos a donar productos aptos para el consumo antes de que se conviertan en residuos. Además, impone sanciones a quienes no cumplan con estas disposiciones y busca fomentar acuerdos con bancos de alimentos y ONG.
Sin embargo, lo que debería haber sido un paso adelante en la lucha contra el desperdicio ha quedado eclipsado por la polémica sobre la caza del lobo. De hechos españoles se están preguntando si la inclusión de esta medida dentro de la misma votación fue un intento deliberado de desviar la atención y suavizar la oposición a la ley.
Lo cierto es que, en lugar de celebrar una normativa que podría reducir significativamente el desperdicio de alimentos, y mejorar la vida de millones de españoles que luchan por llegar a fin de mes, la conversación pública se ha centrado en la indignación por el modo en que se ha introducido la caza del lobo en la ecuación.
