El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha registrado un déficit de 169.000 euros en febrero, acumulando un saldo negativo de 191.062 euros en lo que va de año, según los informes de ejecución presupuestaria. Esta situación, que no se producía desde 2021, se da a pesar del incremento del empleo y la reducción del número de parados.
El aumento del gasto en prestaciones contributivas y en las cuotas a la Seguridad Social de los desempleados es una de las principales causas del desajuste. En febrero, el SEPE destinó más de 2,1 millones de euros a cubrir prestaciones por desempleo, un 9,95% más que en el mismo mes de 2024. Además, el gasto en subsidios y en el pago de cotizaciones sociales de los beneficiarios ha crecido un 4,3% y un 3,9%, respectivamente.
A esta tensión financiera se suma una reducción de los ingresos procedentes de las cuotas por desempleo, que cayeron en casi 20.000 euros respecto al mismo periodo del año anterior. El SEPE espera recaudar 25,7 millones de euros a lo largo del año mediante estas aportaciones, pero hasta febrero solo había ingresado el 16% de esa cifra.
El déficit del SEPE reaviva el debate sobre la sostenibilidad del sistema de prestaciones por desempleo en España. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha advertido en varias ocasiones sobre la «generosidad» del sistema español, que mantiene ayudas durante periodos prolongados y con una menor reducción progresiva en comparación con otros países europeos.
Un déficit inesperado en plena recuperación del empleo
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha entrado en números rojos pese a la continua reducción del desempleo en España. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, el paro registrado descendió en febrero en más de 7.400 personas y la afiliación a la Seguridad Social alcanzó cifras récord.
Sin embargo, el organismo público cerró el mes con un déficit significativo, una paradoja que ha encendido las alarmas sobre la sostenibilidad de sus cuentas, ya que existe una relación directamente proporcional entre el número de parados y la afiliación a la Seguridad Social. La mejora del mercado laboral no ha sido suficiente para equilibrar el presupuesto de un sistema que sigue enfrentando una fuerte presión financiera.
El desajuste económico del SEPE responde a varios factores que han incrementado su gasto por encima de los ingresos. A pesar de la reducción del desempleo, el número de beneficiarios de prestaciones sigue siendo elevado, en parte debido al impacto de los nuevos subsidios aprobados y a la prórroga de ayudas en determinados sectores. Lo dicho, el Estado español ha sido catalogado como proteccionista “extremo”.
Además, la reforma laboral ha impulsado la contratación indefinida, lo que se traduce en mayores costes en prestaciones por despido y subsidios compatibles con el empleo. Todo esto ha provocado un desfase que pone en entredicho la capacidad del sistema para mantenerse a flote sin medidas correctivas.
El aumento del gasto en prestaciones pone en jaque al SEPE
El incremento del gasto en prestaciones ha sido uno de los principales detonantes del déficit que ha experimentado el SEPE en los últimos meses. Solo en febrero, el organismo destinó más de 1.800 millones de euros al pago de ayudas por desempleo, una cifra que sigue por encima de los niveles previos a la pandemia.
A esta realidad hay que añadirle otros elementos, las cotizaciones de los beneficiarios de subsidio, por ejemplo, que ha elevado la carga del organismo. Mientras el empleo formal crece, el número de personas que reciben algún tipo de prestación no se ha reducido al mismo ritmo, generando un desfase entre ingresos y egresos que amenaza la estabilidad financiera del sistema. Lo cierto, es que existen muchas contradicciones con las cifras, porque si el empleo formal ha crecido, el paro debería bajar, como consecuencia no debería haber un incremento en los subsidios.
El problema se agrava con la ampliación de las ayudas y la implementación de nuevos subsidios, lo que parece ser una medida a la que recurre el gobierno con bastante frecuencia. La reciente reforma de las prestaciones por desempleo ha flexibilizado los requisitos para acceder a estos apoyos, lo que ha incrementado el número de beneficiarios.
Además, se ha aprobado también el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que ha elevado la base de cálculo de algunas ayudas del organismo, esto también ha afectado el desembolso mensual.
Lo cierto es que con este escenario, el SEPE se enfrenta a un dilema seguro a corto plazo: decidir entre reducir su gasto o buscar nuevas fuentes de financiación para evitar un colapso financiero.
¿Es sostenible el sistema de prestaciones por desempleo?
De momento, para algunos expertos, el reciente déficit que ha experimentado el SEPE ha aparecido para revivir el debate sobre la viabilidad del sistema de prestaciones por desempleo en España. Con un gasto que supera los 22.000 millones de euros anuales y un déficit estructural creciente, expertos advierten que el modelo actual podría no ser sostenible a largo plazo.
Aunque el mercado laboral se ha fortalecido, o por lo menos eso dicen los datos del empleo formal, aunque para muchos esto se debe a la elevada temporalidad y la rotación en el empleo, lo que termina generando una constante demanda de subsidios, impidiendo reducir de manera efectiva la carga financiera del organismo. Además, la reforma del sistema de prestaciones, lejos de aliviar la situación, ha sumado nuevas obligaciones que incrementan el gasto público.
Ante este panorama, el Gobierno se enfrentará a una crisis a corto plazo si no toma decisiones para evitar el colapso del sistema. Para los expertos, una de las opciones sobre la mesa es endurecer los criterios de acceso a las prestaciones y reducir la duración de algunas ayudas para contener el gasto. Esta solución en una época sin elecciones podría resultar rentable para el actual gobierno.
Otra posibilidad sería explorar nuevas fuentes de financiación, como un incremento en las cotizaciones a carga de las empresas, una opción que las autoridades han comenzado a analizar. Un gobierno con un elevado nivel de gasto y recursos limitados para afrontarlo enfrenta una situación que podría calificarse como una amenaza latente. Si no se adoptan decisiones firmes, el déficit del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) continuará creciendo, comprometiendo la capacidad del Estado para asegurar la protección de los desempleados a largo plazo.
