El pasado 11 de febrero de 2025, el Gobierno de España aprobó una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijándolo en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que equivale a un total anual de 16.576 euros. Este incremento del 4,4% respecto al año anterior supone un avance en la mejora de las condiciones laborales, pero también ha generado algunas consecuencias fiscales inesperadas para los trabajadores que perciben este salario.
La medida se enmarca dentro de la política del Ejecutivo de coalición para garantizar salarios dignos y reducir la desigualdad social. No obstante, la falta de actualización en el umbral de ingresos exentos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ha llevado a que, por primera vez, ciertos trabajadores con SMI tengan que tributar en Hacienda. A continuación, analizaremos en profundidad las implicaciones de este aumento del ingreso mínimo, sus efectos en las retenciones de IRPF y la reacción de los distintos actores involucrados.
2Impacto fiscal: las retenciones de IRPF y su efecto en los asalariados
El IRPF es un impuesto progresivo en el que los trabajadores con menores ingresos suelen estar exentos de tributar si sus salarios no superan un umbral determinado. Hasta 2024, este límite se situaba en 15.876 euros anuales, lo que significaba que quienes cobraban el SMI no estaban sujetos a retenciones.
Sin embargo, el aumento del salario mínimo en 2025 ha elevado el total anual a 16.576 euros, superando el umbral de exención en casi 700 euros. Como consecuencia, una parte de los trabajadores con SMI comenzarán a ver descuentos en sus nóminas debido a las retenciones fiscales.
Según estimaciones de expertos fiscales, aproximadamente 540.000 asalariados se verán afectados por estas retenciones. En términos prácticos, aquellos trabajadores solteros y sin hijos experimentarán una retención anual cercana a los 300 euros, lo que equivale a unos 21 euros menos en cada una de las 14 pagas.
Las empresas han comenzado a aplicar estas retenciones desde marzo de 2025, ya que en los meses de enero y febrero aún no se habían ajustado las nóminas a la nueva normativa. Las grandes compañías suelen realizar estos ajustes de forma mensual, mientras que las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) los aplican de manera trimestral.
Este cambio ha generado cierto malestar entre los trabajadores que hasta ahora estaban exentos de tributar por IRPF. Algunos consideran que, aunque el incremento del SMI es positivo, el hecho de que parte de ese aumento se vea reducido por impuestos limita su impacto real en el bolsillo de los empleados.
