En las últimas semanas, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado sobre un preocupante fenómeno: la destrucción de siete radares repartidos en carreteras convencionales de varias comunidades autónomas. Los daños, que ascienden a casi medio millón de euros, no solo suponen un golpe económico, sino que también ponen en riesgo la seguridad vial y podrían acarrear penas de cárcel de hasta tres años para los responsables.
Este acto de vandalismo, que ha afectado a radares fijos y de tramo en Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, ha llevado a la DGT a interponer denuncias y a iniciar una investigación en colaboración con la Guardia Civil. Pero, ¿qué hay detrás de estos ataques? ¿Por qué estos dispositivos son tan costosos? Y, sobre todo, ¿qué implicaciones legales y sociales conlleva este tipo de acciones?
4Las implicaciones sociales: ¿qué mensaje envía este vandalismo?
Más allá de las consecuencias legales y económicas, la destrucción de radares plantea una pregunta incómoda: ¿qué mensaje estamos enviando como sociedad? Los radares no están diseñados para recaudar multas, sino para disuadir a los conductores de exceder los límites de velocidad y, en última instancia, salvar vidas.
Según datos de la DGT, el exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes mortales en carreteras convencionales. Al destruir estos dispositivos, no solo se está dañando propiedad pública, sino que también se está poniendo en riesgo la vida de miles de personas.
