En las últimas semanas, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado sobre un preocupante fenómeno: la destrucción de siete radares repartidos en carreteras convencionales de varias comunidades autónomas. Los daños, que ascienden a casi medio millón de euros, no solo suponen un golpe económico, sino que también ponen en riesgo la seguridad vial y podrían acarrear penas de cárcel de hasta tres años para los responsables.
Este acto de vandalismo, que ha afectado a radares fijos y de tramo en Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, ha llevado a la DGT a interponer denuncias y a iniciar una investigación en colaboración con la Guardia Civil. Pero, ¿qué hay detrás de estos ataques? ¿Por qué estos dispositivos son tan costosos? Y, sobre todo, ¿qué implicaciones legales y sociales conlleva este tipo de acciones?
2DGT: un delito contra la seguridad vial
La DGT ha sido clara al respecto: vandalizar radares no es un acto menor. Este tipo de acciones están tipificadas como delito contra la seguridad del tráfico en el Código Penal. Los artículos 263 a 267 establecen que causar daños a bienes de dominio público, como los radares, puede acarrear penas de prisión de uno a tres años y multas de entre doce y veinticuatro meses.
Además, estos artículos especifican que las penas pueden ser aún más severas si los daños tienen como objetivo impedir el libre ejercicio de la autoridad. En otras palabras, atacar un radar no solo es un acto de vandalismo, sino también un desafío directo a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad en las carreteras.
