En las últimas semanas, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado sobre un preocupante fenómeno: la destrucción de siete radares repartidos en carreteras convencionales de varias comunidades autónomas. Los daños, que ascienden a casi medio millón de euros, no solo suponen un golpe económico, sino que también ponen en riesgo la seguridad vial y podrían acarrear penas de cárcel de hasta tres años para los responsables.
Este acto de vandalismo, que ha afectado a radares fijos y de tramo en Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, ha llevado a la DGT a interponer denuncias y a iniciar una investigación en colaboración con la Guardia Civil. Pero, ¿qué hay detrás de estos ataques? ¿Por qué estos dispositivos son tan costosos? Y, sobre todo, ¿qué implicaciones legales y sociales conlleva este tipo de acciones?
1El coste de la tecnología: ¿por qué los radares son tan caros?
Los radares no son simples cámaras de fotografía. Detrás de su funcionamiento hay una sofisticada tecnología que justifica su elevado coste. Según la DGT, un radar de tramo, por ejemplo, está compuesto por cámaras con tecnología láser que captan imágenes de manera continua, dispositivos de comunicación entre la entrada y salida del tramo, y un sistema que calcula el tiempo empleado por los vehículos en recorrerlo.
Cuando un conductor supera la velocidad permitida, el radar envía automáticamente la información al centro de datos de la DGT para tramitar la denuncia. Esta complejidad técnica explica por qué el coste de reparación o sustitución de estos dispositivos puede alcanzar los 469.000 euros en total.
