Mónica García le coge el gusto a legislar en caliente, incluso sin tener competencia, para acercarse a los sindicatos de inquilinos y anteponer la ideología a las soluciones reales para hacer frente a la crisis del alquiler, con unos precios en máximos históricos. La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid se suma a las reivindicaciones del movimiento por la vivienda digna, que ha convocado por primera vez en la historia una manifestación en toda España para denunciar los abusos de los propietarios y exigir una bajada de los precios del alquiler, así como la creación de vivienda pública y social y un «contrato indefinido» para los inquilinos.
La ministra de Sanidad, en el ojo del huracán por el esperpento del nuevo Estatuto Marco de los médicos, se acoge a las mismas reivindicaciones pedidas por el movimiento de los nuevos indignados por la vivienda, como si fuera una parte más de la oposición al Ejecutivo, a pesar de gobernar conjuntamente con el PSOE desde 2018.
Mónica García pide ahora, cinco años después del inicio de la nueva burbuja inmobiliaria, una solución poco imaginativa como copiar el alquiler residencial indefinido. Se trata de un contrato vigente en la España del boom inmobiliario y del éxodo de los 60. Ahora, Más Madrid lo desempolva como parte de una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos. La medida se llamaba el «alquiler de renta antigua», es decir, contratos a precios reducidos que se han prolongado en el tiempo hasta 1985, año en el que se eliminaron este tipo de acuerdos, que llegaban a permitir un alquiler durante 40 años sin que aumentaran las cuotas.
EL ALQUILER Y EL PRECIO DE COMPRA, EN MÁXIMOS HISTÓRICOS
Según fueron expirando los contratos en la época de 2010, los alquileres se adecuaron a precios de mercado, marcando ahora máximos históricos y dejando a los jóvenes fuera de las grandes ciudades. Actualmente, los contratos de alquiler suele ser de unos tres a cinco años en el primer contrato, con posibilidad de prórroga si ninguna de las partes se opone. Con la renta antigua, ninguno de los propietarios estaría dispuesto a pedir un precio inferior con los precios actuales.
Asimismo, el mercado ha cambiado tanto que ahora se piden hasta 140 euros únicamente por visitar un piso o abonar casi 6.000 euros por adelantado para entrar en una vivienda de alquiler de 1.500 euros al mes, a pesar de las limitaciones de la ley. El sector se reinventa ante la estrangulada oferta, fruto de una nefasta ley de vivienda que dejó fuera de la regulación al alquiler vacacional, motivo por el que numerosos propietarios vieron la oportunidad de alquilar únicamente por unos meses y dejar el inmueble vacío fuera de temporada.
«El problema de la vivienda es la ausencia de oferta. La ley de la vivienda, aprobada también por Más Madrid, se ha encargado de sacar del mercado residencial a miles de pisos», afirman. Asimismo, los fallos de la propuesta son numerosos con la actual crisis del alquiler. «Se protege más al ‘inquiocupa’ que al propietario. Si ya cuesta que saque su piso para un máximo de cinco años, quién sería capaz de ponerlo a 40 años», señalan.
LA VUELTA DE LA RENTA ANTIGUA: ELIMINADA POR EL PSOE EN 1985
La crisis habitacional es de tal calibre que apenas quedan habitaciones y cualquier inmueble o cuarto trastero, por pequeño que sea, es susceptible de pasar al alquiler o a la compraventa, que se dispara en las zonas ‘prime’ a precios por encima de la burbuja del 2000 a 2006.
Con todo, Más Madrid, integrado en Sumar, se abre ahora a buscar una solución, admitiendo indiciariamente el fracaso de una ley de Vivienda que ellos mismos aprobaron en 2023. Entonces, la composición del Congreso era diferente. El PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Más País, Compromís, el PRC y Teruel Existe apoyaron la norma, con el voto en contra del PNV, PDeCat-Junts, PP, Vox y Ciudadanos.
En Más Madrid defienden, además, la ocupación ilegal de vivienda y la imposibilidad de desahuciar a vulnerables, incluso en impago, mientras el propietario debe abonar los gastos de suministros, así como la más que posible reforma del inmueble una vez lo recupere. Las marchas de los sindicatos de inquilinos irán acompañadas de representantes del Ejecutivo, como también dirigentes de Podemos, donde empezó el movimiento del 15-M.
Las principales reivindicaciones de estos inquilinos cabreados por la falta de soluciones pasan por una reducción de los alquileres del 50%, un «golpe directo al negocio que han montado en nuestras casas» la especulación salvaje con el alquiler, donde se están lucrando una «pequeña minoría de rentistas».
EL SINDICATO ABOGA POR LAS EXPROPIACIONES
En zonas turísticas, como Barcelona o Palma de Mallorca, se impone el alquiler de temporada, mientras se pone coto a la vivienda en alquiler en plataformas intermediarias, como AirBnb.
Todo con la intención de frenar, además, los «miles de desahucios invisibles», los cuales se producen cuando se disparan los contratos en la renovación. También piden acabar con las empresas dedicadas a desocupar viviendas, algunas de ellas condenadas por las coacciones y amenazas usadas para desalojar los inmuebles. Asimismo, proponen las expropiaciones como método legítimo antes que la construcción de viviendas.
