Madrid ha vuelto a mostrar que una gestión responsable es posible en España, independientemente del color político. Mientras el Gobierno de España airea los trapos sucios y sus diferencias en público por la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en la Comunidad de Madrid se prosigue con la estrategia de bajar impuestos, pese a ser una de las regiones menos.
«Tenemos un problema generalizado de salarios que no se soluciona, ni imponiendo, ni con ideas ideológicas que sólo pagan los mismos», ha cargado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, más preocupada en encontrar soluciones a la situación que padecen jóvenes y adultos que mezclarse con el barro político.
El problema es generalizado y afecta a todas las regiones, especialmente las que tienen un mayor porcentaje de personas dependientes del sector público. «Lo que tenemos que hacer es controlar el gasto público, no arruinar a nadie y menos quedarnos con la mitad de su salario a impuestos», ha cargado la presidenta.
Cabe recordar que el SMI subirá en 700 euros, pero la mitad irá a parar a las arcas públicas, en detrimento de quienes lo cobran y de los empresarios, quienes lo pagan. Quien no pierde es la Agencia Tributaria, empeñada en esquilmar también a quienes menos ganan, como se ha hecho en Cataluña o durante los cuarenta años de socialismo en Andalucía.
Lo que tenemos que hacer es controlar el gasto público, no arruinar a nadie y menos quedarnos con la mitad de su salario a impuestos
Para Ayuso, la gestión económica del gasto público pasa por la implantación de un nivel de impuestos justos y «no confiscatorios».
EL GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ SE INSTALA EN EL DESPILFARRO; AYUSO, EN LA BAJADA DE IMPUESTOS
Por el momento, el Ejecutivo mantiene la ruta fijada en el despilfarro, con una recaudación en máximos históricos, y abonar todo tipo de gastos, ya sea dar la concesión a los nacionalistas como «financiar sueños húmedos de los bolivarianos para sus planes para destruir España, romperla, hacerla invivible y subvencionada».
En resumen, equilibrar a ricos y pobres con la vara de la miseria. Las consecuencias de estas medidas implementadas por el Gobierno son nefastas y de sobra conocidas, como ocurrió durante las legislaturas de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y ahora Pedro Sánchez, todos ellos del PSOE, con millones de parados. En 2011, fueron seis millones de personas desempleadas tras afirmar que España estaba en la «Champions League» de la economía mundial y de ver «brotes verdes» en plena crisis de deuda y casi la disolución del euro.
Con Pedro Sánchez, la economía va como «un cohete» o una «moto» a pesar de tener a Alemania en recesión y con una deuda disparada. En los últimos 18 años, la deuda ha pasado de los 4.000 a los 32.000 euros por habitante, mientras se dispara el gasto público para sostener el parón económico, especialmente en la industria y con una crisis de vivienda, un sector que algunas voces apuntan ya que está en burbuja desde hace años y es ahora cuando está recalentándose.
El Gobierno prometió la creación de miles de viviendas, pero pocas se construyen. Lo mismo pasa en Cataluña, con el anuncio de 50.000 inmuebles y no se ha puesto ni una sola piedra aún. Eso sí, se ha puesto alfombra roja a la ocupación ilegal, al pelotazo inmobiliario auspiciado por la compra desde instituciones públicas con subidas de precio de hasta el 50%, como ha ocurrido en Barcelona y la casa Orsola, con persecución a las plataformas de alquiler turístico y a los empresarios.
MADRID DEFIENDE SU AUTONOMÍA FISCAL ANTE LOS ATAQUES DEL EJECUTIVO
Mientras el Estado ha concedido indultos, transferencia de competencias a las Comunidades con partidos nacionalistas, la amnistía y permitido el fraude, como el del caso Hidrocarburos, el Gobierno se dedica a criticar la autonomía fiscal de Madrid, que tiene aún las competencias sobre los tramos autonómicos y sin impuestos propios, frente a los 19 de Cataluña.
En Madrid, al contrario de lo que ocurre en otras regiones, los empresarios y ciudadanos están muy atentos a las modificaciones de impuestos, así como a la evolución del gasto público. Mirando a la economía, se fiscaliza la gestión y el examen se realiza en las urnas.
Los votantes ya no admiran experimentos, como con Manuela Carmena y su Más Madrid, más tras el desastre generado por las zonas de Bajas Emisiones. En la Comunidad, con mayoría ‘popular’ aplastante, se busca hacer un oasis en el desierto. La última medida es aumentar la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y primos, es decir, permitir que los 14.000 madrileños beneficiados por la medida tengan 140 millones de euros anuales en su bolsillo en vez de las arcas públicas.
Asimismo, mientras Hacienda mira con lupa las transferencias de los contribuyentes a través de Bizum, Ayuso ha planteado la bonificación del 100% de la cuota de las donaciones inferiores a 1.000 euros y aplicarán la bonificación del 99% en donaciones.
En concreto, se eleva del 25% al 50% la bonificación para las operaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos por consanguinidad, y será aplicable a todo el Grupo III de parentesco. Se trata de una medida innovadora en toda España, mientras el Gobierno busca la fórmula para exigir un mínimo estatal a este impuesto, con el aplauso en Cataluña, donde el ‘robo’ por Sucesiones y donaciones se sucede año tras año.
MADRID, EN CONTRA DEL CASTIGO AL AHORRO Y LA PROPIEDAD
La lógica de Ayuso es clara. La medida beneficia a los propios contribuyentes para evitar la asfixia de la Administración cuando obtienen una herencia y sin tener que arruinarse como ocurre en tantos sitios en España. Para la líder de Madrid, no se puede «castigar el ahorro y la propiedad».
El Impuesto de Sucesiones y Donaciones es una excepción en España respecto al resto de Europa, donde ha sido derogado. «Es un impuesto injusto y anacrónico, ya lo han eliminado casi todos los países de la Unión Europea hace muchísimo y además es un compromiso de nuestro programa electoral en 2023, por cierto, respaldado ampliamente por los madrileños en las urnas», ha señalado.
Madrid muestra así «su autonomía y capacidad normativa, que está recogida en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía». Esta nueva bajada se une a las 31 aprobadas desde por el Gobierno regional desde 2019 bajo la Presidencia de Isabel Díaz Ayuso y que han permitido ahorrar 31.300 millones de euros.
La Comunidad de Madrid empezó hace 20 años a aprobar rebajas en el impuesto de Sucesiones y Donaciones. Desde entonces el ahorro total para todos los contribuyentes madrileños con estas medidas suman cerca de 55.000 millones de euros, han informado desde el Gobierno regional.
