El Consejo de Ministros fijó el pasado martes 11 de febrero el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2025 en 1.184 euros mensuales en 14 pagas, petición exclusiva de Yolanda Díaz. Con esta acción. Con esta acción la cuantía retributiva mínima percibida por un trabajador en España se incrementa en 50 euros al mes y en 700 euros al año. La medida, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, beneficia a casi 2,5 millones de trabajadores.
El salario mínimo interprofesional de 1.184 euros supone el 61,8% del sueldo medio neto de jornada completa, según los cálculos del Servicio de Estudios de CEPYME, con lo que supera el umbral del 60% de la remuneración media sugerido por la Carta Social Europea en el que el Gobierno justifica su aumento acumulativo, del 80,7% desde 2016.
Además, la subida del SMI a 1.184 euros en 14 pagas coloca a España como el país de la UE con el salario mínimo más costoso en relación con la productividad, según el último informe Salarios, repercusión de la subida del SMI, elaborado por el servicio de Estudios de CEPYME. El aumento sostenido de los costes laborales derivado de las subidas acumulativas del SMI tiene un impacto diferente según el tamaño de las empresas, los sectores y el territorio.
Desconsideración con el tamaño del 99% de las empresas españolas
La subida del SMI afecta más a las pymes, más intensivas en asalariados de remuneraciones bajas, situación acorde a la menor productividad de estas compañías. En las micro y pequeñas empresas, que suponen el 99% del tejido productivo español, el nuevo SMI de 1.184 euros supone el 70% del salario medio ordinario de jornada completa. Además, al ampliarse la brecha entre salarios y productividad, los costes laborales son más gravosos para las empresas de menor tamaño.
El informe del servicio de Estudios de CEPYME refleja que el esfuerzo adicional vinculado al SMI de las empresas más pequeñas llega casi al 30%. Una prueba del perjuicio de las subidas acumulativas del SMI en las pymes es la evolución del empleo en las microempresas, que ha subido en un 0,9% desde
finales 2018 frente al 12,9% que podría haber subido de proseguir las tendencias de aumentos de contratación en la dinámica anterior, según el informe del servicio de Estudios de CEPYME. Medido en puestos de trabajo, el cálculo supone que la microempresa ha dejado de crear 350.000 empleos por la repercusión del SMI.
Sectores intervenidos
Por otra parte, como viene reflejando el informe anual de salarios del servicio de Estudios de CEPYME, la imposición de un salario mínimo creciente supone la práctica intervención de algunos sectores -como el comercio y la hostelería- en los que la gran mayoría de los asalariados se sitúan en rangos de SMI.
Además, el aumento del SMI ha sido desproporcionado a la evolución de la facturación y la productividad, llegando al punto de haber subido desde 2018 el doble que las ventas del comercio minorista y más del triple que las ventas registradas por los negocios con un solo establecimiento.
El impacto por sectores también es desigual, existiendo diferencias de más de 20 puntos porcentuales entre la relación que el mismo SMI supone para las pequeñas empresas de servicios y las grandes empresas industriales.
Desatención al impacto territorial
Además, el SMI excede esa referencia del 60% del salario medio de jornada completa en 42 provincias, llegando a suponer el 75% del sueldo medio en 34 de ellas. Esto supone que la subida desatiende la realidad del tejido productivo de la mayoría del país, además de ser especialmente dañina en provincias afectadas por el fenómeno de la despoblación y la falta de mano de obra para cubrir puestos
de trabajo vacantes, como Ávila, Zamora y Toledo, entre otras. Las provincias más perjudicadas pierden su capacidad para competir con otros territorios.
Del mismo modo, a escala autonómica la medida coloca el SMI por encima del 60% en trece autonomías, lo que viene a suponer un agravio en los costes laborales en favor de las más pujantes y que castiga especialmente a aquellas regiones afectadas por la despoblación.
Comparativa internacional
España anota el mayor importe relativo del SMI en Europa, al tiempo que registra el segundo mayor descenso de la productividad. Esa caída de la productividad hace que el peso de los costes laborales en las cuentas de las empresas sea todavía mayor en términos relativos.
Así, España exhibe el quinto mayor incremento del SMI en la UE y el tercero de la zona euro. No sólo eso: el SMI ha crecido el triple que los precios desde 2018 (45,1% vs. 19,5%) y ha sido mucho mayor que el aumento de las ventas, algo especialmente palmario en sectores intensivos en pequeñas empresas, como el comercio minorista o la hostelería.
Como consecuencia de esa evolución al alza desacompasada de la evolución de la productividad, la inflación y las ventas, cae la rentabilidad de las pymes, lo que mina su capacidad de generar inversión y crear empleo.
El coste para el empresario es hasta un 75% más alto
El SMI presiona fuertemente al alza los costes laborales. El coste efectivo para el empresario es entre un 67% y un 75% más alto que el SMI. La subida a 1.184 euros se traduce en un coste por empleado de hasta 1.904 euros.
Por otra parte, si se prorratea entre los 11 meses de trabajo efectivo, el coste salarial efectivo mínimo por mes de trabajo asciende a entre 1.981 euros y 2.077 euros, sin contar el menoscabo que supone el absentismo.
Además, la contención de la creación de empleo derivada de los mayores costes laborales que supone el elevado y creciente SMI alienta la mecanización de la producción, puesto que el salario mínimo sube un 71% frente al 17% de aumento del coste de los bienes de equipo.
CEPYME reclama una contención de los costes laborales en favor del empleo y la inversión empresarial en un marco que tenga en cuenta los sectores, territorios y los tamaños de empresa, habida cuenta de que la microempresa es la empresa tipo española.