Asegurar el derecho a la vivienda es una de las prioridades, tanto del gobierno catalán, el socialista salvador Illa, como del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Para ello, la Generalitat ha comprado 743 pisos al fondo Divarian, una operación conocida ahora como el ‘pelotazo de la casa Orsola’.
Se trata de la compraventa “más grande hecha nunca mediante el derecho de tanteo y retracto”, que permite a la Generalitat adquirir estos inmuebles de forma preferente. Eso sí, a costa del contribuyente. Los pisos adquiridos no irán a parar al parque de vivienda social para familias vulnerables puesto que los residentes sí podían hacer frente a las rentas exigidas hasta ahora, pero vivirán en pleno centro de la ciudad a precios muy asequibles.
Al mismo tiempo, el alcalde socialista Collboni, ha sacado pecho por la compra del edificio patrimonial de la Casa Orsola, gracias a una fórmula de compra socio-colaborativa que ha calificado como «innovadora, pionera y extraordinaria». Y es que esa compra se hace de forma conjunta con Hàbitat 3, una entidad del tercer sector social.
COLLBONI SACA PECHO POR LA COMPRA DEL EDIFICIO CASA ORSOLA
El coste de la operación es de 9,2 millones de euros ha hecho de oro al fondo, que compro el inmueble por tan solo seis millones de euros en 2020 y que ahora lo vende por un 50% más en pleno Eixample, una de las zonas ‘prime’ de la Ciudad Condal. La operación se ha podido llevar a cabo gracias a la mediación del Síndic de Barcelona.
Para Collboni este es solo un paso más, porque hay que seguir cambiando «las reglas del juego». Y para él, cambiar estas reglas quiere decir la regulación de los alquileres (en Barcelona hay un tope máximo de alquiler); continuar con la determinación de no renovar ninguna licencia de uso turístico, eliminar este tipo de viviendas para que sean de uso residencial; y evitar lo que el alcalde ha calificado como «punto de fuga» que existe por «fraude de ley» con los pisos de alquiler de temporada.
Con esta fórmula, Hàbitat 3 se queda con el 51’6% de la casa, y el Ayuntamiento de Collboni con el resto. El reparto del coste a la hora de afrontar la operación ha sido diferente, porque la entidad aporta 4,3 millones y el consistorio se hace cargo del 4,8 restantes.
Este edificio se ha convertido en un símbolo de la resistencia en Cataluña contra la especulación de la vivienda, después de que en 2021 la empresa Lioness Inversiones adquiriera sus dos fincas y anunciara que los vecinos que debían abandonar sus viviendas cuando finalizaran sus contratos.
Porque cabe preguntarse qué criterio se ha seguido para actuar en la Casa Orsola en concreto y no en los miles de casos similares que podemos hallar en Barcelona. ¿Se ha reaccionado así solo por el ruido mediático provocado por las asociaciones?
Los Comuns han calificado la adquisición como una «victoria». Sin embargo, han alertado de que puede ser una «cortina de humo» para desmontar la reserva del 30% de viviendas asequibles en las nuevas promociones, una medida implantada bajo el mandato de Colau. Vox se ha opuesto a la decisión del consistorio, que considera que crea «más inseguridad jurídica para los propietarios privados».
Es una buena noticia para las personas y familias que sufrían en el edificio, pero es una muy mala noticia para las políticas de vivienda que la gente de Barcelona necesita, porque no genera la oferta que se necesita y la que necesitamos se pueda encarecer”, ha afeado, por su parte, el concejal de Junts, Calvet. El edil ha postulado que «no se puede ir dando respuestas para contentar a quien más grita, sea el Sindicat de Llogateres, los Comuns o familias que no son vulnerables».
«ES UNA MALA NOTICIA PARA LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA QUE LA GENTE DE BARCELONA NECESITA»
En el Sindicato de Inquilinas, que en Barcelona nació en 2017, de la mano del tsunami de los alquileres y lucha por la regulación y contra las grietas que los caseros encuentran para esquivarla (como los contratos de temporada), llaman «desahucios invisibles» a las mudanzas no deseadas. El Instituto de Investigación Urbana IDRA, reveló que en la capital catalana y en Madrid un tercio de los cambios de piso de inquilinos lo son.
En el Eixample, las asociaciones vecinales han estudiado la magnitud del fenómeno. La de la Derecha del distrito señaló en un estudio que desde 2016 el 20% de las fincas de propiedad vertical ha cambiado de manos (ocho cada año) y que la zona ha perdido habitantes.
La asociación de la Izquierda del distrito cuantifica y ha situado en un mapa los 44 los edificios comprados por inversores desde 2017. «Esto no hay Ayuntamiento que pueda comprarlo«, alertan desde la asociación.
