El alquiler de la vivienda se lleva el 70% de los sueldos de las familias, y en una de cada tres el 50%, afectando especialmente a las de menor renta, según el último informe de Cáritas. «Ganamos entre los dos unos 2000 euros más o menos y de alquiler pagamos unos 650 euros más gastos por un piso pequeño», cuentan al diario QUÉ! una pareja granadina.
De ahí hay que restar también otros gastos como los suministros, la comida… Al final, esto es lo que les queda: «Unos 270 euros a cada uno» para pasar el mes. Esta situación se viene repitiendo a lo largo del tiempo en muchas familias que cada vez afrontan de peor manera el ser inquilino en cualquier ciudad, pero especialmente en Madrid y Barcelona.
EL RIESGO DE POBREZA GOLPEA EL DOBLE A QUIENES RESIDEN DE ALQUILER EN MADRID Y BARCELONA
De hecho, en la capital y en la ciudad condal, el 55% y el 48% de los inquilinos, respectivamente, tiene que vivir con menos de 561 euros al mes tras cubrir sus gastos de vivienda. Es así que dos tercios de los inquilinos están destinando más ingresos de los recomendados: el 69,7% en Madrid y el 64,8% en Barcelona destinan más del 30% de su nómina al pago del alquiler y suministros.
Además, casi la mitad de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes, una situación que también golpea con mayor fuerza a quienes viven en una casa arrendada, como lo recoge el 14º informe de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).
El estudio encuentra en la proliferación de los alquileres de temporada -que escapan de el control de los precios- parte de la explicación a que la mayoría de la actualización de las rentas para los inquilinos supere el IPC.
3 DE CADA 10 MUDANZAS SON FORZOSAS
Por su parte, los informes revelan que el porcentaje de trabajadores pobres en España aumenta: 1 de cada 10 ocupados está en exclusión social. Unos 3 millones de personas están en «formas precarias de vivienda» como las realquiladas, okupadas ilegalmente o con aviso de desahucio.
La proporción de personas que viven en domicilios que no tienen capacidad para afrontar un gasto imprevisto enlaza dos años consecutivos de incremento, ha pasado de un 33,4% en 2021 a un 37,1% en 2023. Al igual que la incapacidad para permitirse una comida con proteínas cada dos días, que ha crecido un punto en 2023 y encadena un par de años seguidos de subidas, desde el 4,7% de 2021 al 6,4% actual.
Una inseguridad que está garantizada por ley. Alrededor del 40% de los inquilinos han sufrido dos o más mudanzas en los últimos cuatro años y tres de cada diez mudanzas son forzosas. En el caso de las familias en alquiler, el informe indica que las mudanzas son una realidad muy presente para los menores, con todo lo que ello conlleva. La mitad de los inquilinos de 35 a 64 años han cambiado de residencia en los últimos 5 años.
El secretario técnico de Foessa, Raúl Flores, ha destacado que el problema de la vivienda es «una crisis real y de gran intensidad» que afecta, en mayor o menor medida, a uno de cada cuatro hogares en el país, y que empuja a los más vulnerables a la exclusión social.
«Hemos sido incapaces de superar las consecuencias que originó la crisis financiera que tuvo lugar hace más de una década», ha resaltado Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas España, que ha definido la exclusión social como un problema de «claro carácter estructural» agravado por «la incapacidad de la economía y de las políticas para romper los ciclos de pobreza».
