Con la crisis de la vivienda transformada en el principal problema de esta legislatura durante 2024, el 2025 ha iniciado con el Gobierno del PSOE y la oposición liderada por el PP, presentando las medidas que cada partido considera necesarias para enfrentar la crisis de vivienda que enfrenta España. Es que aunque puede haber discusiones en cuanto a los motivos del problema, el disparatado aumento de los precios es suficiente para activar las alarmas sin importar la ideología, pero también es evidente que estas medidas pueden hacer molestar algunos, y en este caso las medidas han hecho molestar a tres sectores diferentes afectados por esta situación.
Por un lado, las organizaciones que controlan las Viviendas de Uso Turístico (VUT) no están demasiado felices con que se apliquen nuevas medidas de control sobre su negocio. Sean organizaciones como Madrid Aloja o bien empresas como la controvertida Airbnb, todas han señalado que el alquiler turístico se ha vuelto un chivo expiatorio dentro de la crisis, mientras tanto las medidas anunciadas por el Gobierno, y por las comunidades autónomas incluidas algunas gobernadas por el PP como Madrid, es suficiente para evidenciar que parte del objetivo es que estos pisos pasen también al mercado de alquiler residencial.
Por su lado, los inquilinos tampoco están demasiado felices por las medidas presentadas por el Gobierno del PSOE. Además de las protestas cada vez más constantes por parte de los vecinos de zonas como Lavapiés en Madrid o en el centro de Barcelona. Por su lado, una de las organizaciones más controvertidas dedicas a la situación, como lo ha sido el Sindicato de Inquilinos, ha considerado que las medidas anunciadas por Pedro Sánchez son insuficientes para enfrentar la situación, y señalan que se sigue pensando como un negocio lo que es considerado como un derecho por la ley.
«En respuesta a las masivas movilizaciones protagonizadas por los movimientos inquilinos en las principales ciudades del país el pasado año, PSOE y PP han comenzado 2025 presentando sendos baterías de medidas aparentemente antagónicas que, sin embargo, comparten lo esencial: mimar al rentismo con el dinero de todas, garantizar los beneficios de los propietarios a costa de la estabilidad de las inquilinas y apostar por la construcción como la panacea a largo plazo, sin aportar solución alguna a la emergencia habitacional que vivimos hoy», escribe la organización en un comunicado.
LAS INMOBILIARIAS TAMPOCO CONFÍAN EN LAS MEDIDAS ANUNCIADAS
Las inmobiliarias, por su lado, reclaman que las medidas son insuficientes para resolver el problema que consideran viene de un mercado demasiado reducido. Así lo señala Alvise Da Mosto, socio director de la empresa catalana Barnes. En su opinión, como lo ha expresado a este medio, las medidas terminan apuntando por problemas que en la práctica no son los más importantes para generar problemas de acceso a la vivienda.
Según señala entre, las medidas se ha incluido un control sobre las compras de viviendas por parte de extranjeros, que realmente no hace mucho por resolver el problema. Recuerda que el porcentaje de extranjeros que compran una vivienda en España solo para aumentar sus pasivos es menor que los que compran el piso en territorio español para residir en él. Por tanto, no permitir que compren simplemente los acerca al mercado del alquiler, y esto puede hacer que estos precios suban más de lo que ya han subido en zonas costeras, donde muchas veces buscan la compra.
Es cierto que celebra la regulación de las VUT, lo que considera una pieza necesaria dentro de las soluciones en el mediano plazo, pero como buena parte de las inmobiliarias desde Barnes señalan la necesidad de aumentar la oferta de viviendas para aliviar la situación. Parte de esto pasa no solo por construir, sino que es necesario aumentar la oferta actual, con las viviendas que ya están construidas, pues aunque la solución no llegará en el corto plazo, es necesario que haya un alivio mínimo en el camino.
LA VIVIENDA SERÁ EL PROBLEMA CENTRAL DE LA LEGISLATURA
En cualquier caso, y con el Gobierno del PSOE confiando en sus medidas, lo que es evidente es que será necesario esperar para ver sus efectos. Lo mismo ocurre con las medidas tomadas por el PP desde el ayuntamiento de Madrid, que a pesar de la molestia que han generado desde quienes ofrecen viviendas de uso turístico tampoco son consideradas suficiente por las organizaciones de inquilinos. Es un problema clave para los ciudadanos, y que será clave también para los partidos de cara a cada proceso electoral hasta que haya una solución.