Kike Salas es investigado por un presunto delito de estafa
El canterano del Sevilla FC, Kike Salas, ha sido detenido este martes por la Policía Nacional por provocar, presuntamente, que le sacaran tarjetas amarillas en varios partidos de Primera División para que personas de su entorno consiguieran dinero con apuestas deportivas.
Según la información de El Confidencial, que ha destapado el caso, un juzgado de la provincia sevillana de Morón de la Frontera está investigando ahora mismo al futbolista de 22 años por un presunto delito de estafa, además de otras dos personas cercanas.
Kike Salas habría pactado que forzaría tarjetas amarillas para que su entorno consiguiera dinero con apuestas ilegales
Según el citado medio, la investigación, realizada por la unidad de la Policía Nacional que se dedica a luchar contra las apuestas ilegales, está centradas en varios encuentros del tramo final de la pasada temporada. La información que se desprende es que el jugador Kike Salas habría pactado con ellos que forzaría las tarjetas.
Todo para que, previamente y sabiéndolo con antelación, hicieran apuestas conociendo lo que iba a ocurrir en el campo y obtuvieran un beneficio en varios partidos del final de la pasada temporada. Todo en una temporada en la que el Sevilla FC no se jugaba nada, sin opciones europeas ni peligro por caer a los puestos de descenso.
Estaba en negociaciones para fichar por la Lazio
En total, en esa temporada a Salas le sacaron un total de 10 tarjetas amarillas, y de ellas 7 fueron en las últimas 9 jornadas, siendo el futbolista más amonestado de ese periodo. Kike Salas vio el curso pasado un total de 10 cartulinas y de ellas, recibió 7 en las últimas 9 jornadas y además en los instantes finales de los encuentros.
Ahora, el zaguero, que renovó su contrato recientemente hasta 2029, es pretendido por la Lazio, donde estaban en negociaciones con los de Víctor Orta para que se obtuviese una salida en este mercado de invierno. Por último, Kike Sala se enfrentaría a una condena por estafa que podría acarrear una pena de entre seis meses y tres años de cárcel.
