Frente a las protestas, al reconocimiento de cada vez más países a nivel internacional, de la victoria de Edmundo González Urrutia y de sus estatus como presidente electo, de la decisión de la líder opositora Maria Corina Machado, Nicolás Maduro ha vuelto a recurrir a lo que ha sido su mejor arma para aguantar en el poder, la violencia política y la represión. Es que en los últimos días no solo ha aumentado la presencia policial y militar en la calle, sino que ha vuelto a retomar la práctica, demasiado común en Latinoamérica, de las desapariciones forzosas, y tanto él como Diosdado Cabello han amenazado a la oposición.
Entre los desaparecidos de los últimos días se encuentran figuras como el yerno del presidente electo, Rafael Tudares Bracho, el excandidato presidencial por parte de REDES y del Partido Comunista de Venezuela que también ha expresado dudas sobre el resultado electoral, Enrique Márquez, y el defensor de derechos humanos y fundador de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, han desaparecido con sus familiares y aliados políticos denunciando que no fueron detenidos por fuerzas de seguridad uniformadas, sino directamente por encapuchados sin distintivos.
Lo cierto es que esta es la única carta que le queda a Maduro. Aunque entre los venezolanos las posiciones sobre cómo enfrentar la situación pueden variar, hay algo que es evidente para la mayoría, que la oposición ha sido capaz de demostrar el resultado real de las elecciones del pasado 28 de julio, gracias a la recolección de las actas emitidas por las máquinas del Consejo Nacional Electoral (CNE) de más del 80% de las mesas de votación. Es un movimiento que ha destruido su credibilidad internacional, y que hace difícil incluso que sus aliados le den la mano, o estén presentes hoy en su inauguración.
De hecho, en los últimos días los gobiernos de Paraguay y Chile han retirado al embajador de su país en territorio venezolano, señalando que tendrán relación diplomática con el nuevo Gobierno. Incluso una figura clave de la nueva izquierda latinoamericana que ha intentado normalizar la relación con la dictadura venezolana, como Gustavo Petro, ha anunciado que no se presentará hoy en su juramentación, señalando la violación a los derechos humanos que representan las detenciónes de Enrique Márquez, a quien Petro a descrito como un «destacado progresista venezolano» y Carlos Correa.
UN GOBIERNO QUE SE DIBUJA COMPLICADO PARA MADURO
Lo cierto es que si se juramenta hoy, Maduro no tendrá que enfrentar un periodo presidencial complicado. La incipiente recuperación de la economía venezolana no ha sido suficiente para evitar que cerca del 60% del país se enfrente a un estado de pobreza, y puede verse afectada no solo por la posibilidad de nuevas sanciones a una quebrada PDVSA, sino por qué la leve apertura del régimen no ha hecho más que aumentar los índices de desigualdad en un país que sigue quebrado.
Se suma la aparición de Maria Corina Machado en la concentración del día de ayer. La dirigente opositora había pasado meses en la clandestinidad debido a la orden de captura en su contra, y se ha mantenido en el país a pesar de la presión contra los miembros de su equipo refugiados en la de Argentina y sobre la casa de su madre, amenazada en la última semana a pesar de superar los 80 años, demuestran su capacidad de mantener articulado el movimiento. Ella misma se ha movido con mucha más calma que en intentos anteriores de derrocar a la dictadura, llamando a la protesta solo en los momentos concretos, y entendiendo la complejidad de la situación.
MADURO Y SU CNE SIGUEN SIN MOSTRAR LAS ACTAS
En cualquier caso Maduro sigue sin ser capaz de demostrar su victoria. El heredero político de Hugo Chávez sigue apostando por mantenerse en el poder apoyado en los fusiles y en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que controla a gusto desde al menos 2014. En cualquier caso, es complicado predecir el futuro de un país que sigue desafiando la lógica, incluso si Edmundo González Urrutia no es capaz de entrar al país, a juramentarse es evidente que se abre una nueva etapa del conflicto social y político en el país, que sigue en una situación permanente de tensa calma desde que el chavismo llegó al poder hace ya 26 años.
