A partir de este 1 de enero de 2025, el coche eléctrico afronta un papel clave. Y es que este año entra en vigor en la Unión Europea la normativa CAFE (Corporate Average Fuel Emissions), que busca reducir las emisiones de CO2 en los vehículos y acelerar la adopción del coche eléctrico. Este cambio es un paso importante en la transición hacia un transporte más sostenible en los 27 países miembros.
O lo que es lo mismo; a partir de ahora, la normativa CAFE exige que la media de emisiones de CO2 en los vehículos de cada fabricante se reduzca en un 15% en comparación con los niveles de inicio de década.
LA NORMATIVA CAFE PONDRÁ A PRUEBA AL COCHE ELÉCTRICO
El límite que entra en vigor este 2025 se reducirá aún más, estableciéndose en 49,5 gramos de CO2 por kilómetro, con el ánimo de implementar en 2035 la prohibición de facto de las ventas de vehículos de combustión de gasolina y diésel.
Desde la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA, por sus siglas en inglés), piden que se cree «claridad sobre el empleo y las inversiones» para evitar daños a la competitividad de Europa, aunque reconocen que la industria de la automoción sigue comprometida con el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050, y con la transición hacia una movilidad de cero emisiones.
La patronal europea de automoción advierte de que, a diferencia de hace cuatro años, para cumplir con los objetivos más estrictos de reducción de CO2, «esta vez es necesaria una interacción fluida de factores que están dentro y fuera del control directo de los fabricantes».
De este modo, cada fabricante que incumpla con las emisiones marcadas por la norma CAFE puede verse sancionado con hasta 95 euros por cada gramo excedido según la ley, lo que abre la puerta a multas multimillonarias contra las marcas automovilísticas que no consigan alcanzar los objetivos de ventas de vehículos ‘cero emisiones’, los coches eléctricos, recogidos en el reglamento comunitario.
HABRÁ UN RECORTE DE PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE COMBUSTIÓN POR LA ESCASA DEMANDA DEL COCHE ELÉCTRICO
Sin embargo, lo que se afirma es que podría haber otras consecuencias adicionales a los 15.000 millones de euros de multa: «Otro escenario es que, como no hay una demanda natural de vehículos eléctricos, habrá un recorte de producción de vehículos de combustión; ya que si se dejan de vender vehículos de combustión, esta reducción de producción no me contabiliza en la flota de emisiones final», ha señalado el presidente Anfac.
Así, según los fabricantes, estarían obligados a detener la producción de alrededor de dos millones de vehículos, pasando de 13 millones a 11 millones de coches en Europa. De ahí que, si las fábricas de media producen alrededor de 300.000 vehículos, se contemplan que hay entre siete y ocho plantas de producción que estarían en peligro.
Es de este modo que Faconauto, la patronal de los concesionarios españoles, advierte de que para alcanzar el objetivo de este año es que los coches eléctricos puros deberían tener una penetración próxima al 25%, que nada tiene que ver con el 5% actual: serían unas 236.000 unidades, frente a las 70.000 que se pronostican para 2025. Si no se compran suficientes automóviles eléctricos, los fabricantes tendrán que vender menos coches de combustión para evitar que sus emisiones se disparen.
Según los cálculos de Faconauto, en España se debería reducir la matriculación de nada menos que 175.000 coches de combustión para cumplir los objetivos de la normativa de emisiones, con el consiguiente riesgo para el sector. España es el segundo país de Europa, por detrás de Alemania, y el octavo mundial en la fabricación de vehículos, con lo que las consecuencias en nuestra economía podrían ser de un impacto muy considerable.
Ante esta situación, el Parlamento Europeo ha presentado un plan para asegurar el futuro de la competitividad del sector automovilístico europeo que ha sido acogido favorablemente por ACEA, la Asociación europea de fabricantes de automóviles. La solución presentada propone revisar la prohibición de vehículos de combustión interna, adoptar un enfoque de neutralidad tecnológica para fomentar la innovación, implantar medidas de alivio temporal para ayudar a que fabricantes no sean penalizados y medidas para impulsar la expansión más rápida de la infraestructura de vehículos eléctricos.
