La compra o posesión de una vivienda en España implica cumplir con diversas obligaciones tributarias que pueden variar en función de si la transacción es de obra nueva o de segunda mano, pero también si la ofrecemos en alquiler. Una situación que también tiene su punto de cara al próximo año 2025.
De hecho, la Agencia Tributaria recuerda que los compradores deben abonar varios impuestos, tanto en el momento de la compraventa como en años posteriores, en caso de conservar la propiedad. Lo que ocurre en esta ocasión, especialmente con la entrada del nuevo año 2025, es que los propietarios de una vivienda deberán pagar una serie de impuestos que entrarán en vigor con el nuevo año.
LA NUEVA LEY DE VIVIENDA DE 2025 INCLUYE CAMBIOS EN LOS IMPUESTOS A PROPIETARIOS
Es así como lo ha destacado el Gobierno, especialmente los nuevos lineamientos anunciados por Pedro Sánchez en el pasado congreso Federal celebrado en Sevilla. Con el objetivo de frenar el encarecimiento de la vivienda, en el Gobierno han elaborado una serie de medidas para «desincentivar la especulación y poner coto a la vivienda turística y otros usos» a los que consideran «fraudulentos».
O lo que es lo mismo; si somos propietarios de una vivienda en alquiler, ya sea como vivienda habitual de nuestros inquilinos o en un alquiler de larga duración, es crucial que estemos al tanto de las novedades fiscales que entrarán en vigor en 2025
El tema de la fiscalidad de las viviendas alquiladas ha sido ampliamente discutido en los últimos años. En este sentido, la nueva Ley de Vivienda que entró en vigor el 26 de mayo de 2023 trajo consigo importantes modificaciones que afectan directamente a los propietarios de viviendas alquiladas, especialmente en lo que respecta a las reducciones fiscales aplicables sobre los rendimientos obtenidos por el alquiler.
LOS PROPIETARIOS DE VIVIENDAS ALQUILADAS TRIBUTRÁN EN 2025 SOBRE EL 50% DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS DEL ALQUILER
A pesar de que la ley se aprobó en 2023, sus efectos fiscales no se harán efectivos hasta el 1 de enero de 2024, por lo que la próxima declaración de la renta (que se presenta entre abril y junio de 2025, correspondiente al ejercicio 2024) es la que estará sujeta a estos cambios.
Hasta ahora, los propietarios de viviendas alquiladas que las cedían como vivienda habitual a sus inquilinos podían aplicarse una reducción del 60% sobre los rendimientos obtenidos del alquiler (es decir, podían tributar solo sobre el 40% de los ingresos obtenidos).
Sin embargo, con la entrada en vigor de la nueva normativa, esta reducción del 60% se modifica, pasando a ser del 50% en la mayoría de los casos. Es decir, a partir de enero de 2025, los propietarios tributarán sobre el 50% de los rendimientos netos obtenidos del alquiler, en lugar de sobre el 40% como hasta ahora.
Aunque la reducción estándar de los rendimientos obtenidos por el alquiler será del 50%, hay algunas excepciones que permiten aplicar porcentajes de reducción superiores. Son los siguientes:
- Reducción del precio de alquiler. Si el propietario reduce el precio del alquiler en un 5% en relación con la renta previamente pactada, podría beneficiarse de una reducción mayor.
- Alquiler a jóvenes. Los contratos de alquiler firmados con inquilinos jóvenes también podrían beneficiarse de una reducción incrementada.
- Alquiler social. En el caso de que el propietario de la vivienda aplique el alquiler social, también podrá acceder a una mayor reducción fiscal.
SI LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UAN ZONA DECLARADA COMO «TENSIONADA», LAS DEDUCCIONES AUMENTAN
Sin embargo, hay mucho más que explorar: las bonificaciones de Hacienda pueden aumentar considerablemente dependiendo de ciertas condiciones. Especialmente si decidimos ofrecer alquileres más asequibles o nos enfocamos en inquilinos con necesidades específicas.
Es aquí, además, donde si tenemos una vivienda en una zona declarada «tensionada», y decidimos aplicar una reducción en el precio del alquiler, las deducciones aumentan. La Agencia Tributaria aplica una bonificación de hasta el 70% si alquilamos a una entidad pública o a una organización sin fines de lucro. También si la vivienda forma parte del programa de alquiler social con una renta mensual inferior a los límites del Plan Estatal de Vivienda.
El concepto de «zona tensionada» fue introducido por el Gobierno en la Ley de Vivienda como herramienta para intervenir los precios de los alquileres. Sin embargo, como la vivienda es un área de competencia autonómica, deben ser las CCAA las que declaren parte de sus territorios como «zonas tensionadas» para aplicar estos topes al alquiler.
En las regiones del PP, sus barones se han negado a otorgar esta clasificación, lo que ha frustrado el intento del Ejecutivo nacional de abordar los alquileres. Por eso, otorgando este poder a los ayuntamientos, el Gobierno pretende sortear la competencia autonómica.
Además, se puede aplicar una bonificación del 90% en otros casos. Este es el mayor beneficio fiscal disponible. Aplica si decides alquilar tu casa en una zona tensionada a un precio al menos un 5% más bajo que el contrato anterior. Esto significa que ofrecer alquileres más asequibles no solo beneficia a los inquilinos. También tiene un impacto positivo directo en la declaración de impuestos ante Hacienda.